La ANMAT recorta trámites pero pone en juego la seguridad sanitaria

En un nuevo paso dentro de la lógica de desregulación impulsada por el Gobierno, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decidió simplificar y reducir a la mitad los trámites requeridos a las empresas que operan en los sectores de medicamentos, alimentos y productos médicos. La medida, que entrará en vigor el 24 de este mes, tiene como objetivo mejorar la eficiencia administrativa, pero también plantea dudas sobre el control estatal sobre productos que impactan directamente en la salud pública.

Hasta ahora, las empresas debían cumplir con un total de 674 procedimientos para poder comercializar sus productos, pero con la nueva disposición, se reducirán a solo 358. Aparentemente, la medida busca “desburocratizar” y optimizar el funcionamiento del organismo, permitiendo a la ANMAT enfocar sus recursos en tareas de fiscalización. Sin embargo, a medida que se recorta la cantidad de trámites, la pregunta que queda flotando en el aire es si, con menos control, realmente se está garantizando la seguridad de los productos que llegan a los consumidores.

Según lo informado, la revisión exhaustiva de los trámites vigentes implicó la eliminación de 47 procedimientos y la reorganización de otros 269, en base a las disposiciones N° 4053, 4054, 4055 y 4058 publicadas en el Boletín Oficial. Entre los trámites eliminados, se encuentran la autenticación de copias de registros, los certificados de libre sanción y algunos procedimientos relacionados con alimentos de uso médico específico. Además, se unificaron otros trámites duplicados, como el registro de sanitarios domésticos y las inspecciones a plantas farmacéuticas extranjeras, que ahora se concentrarán en un solo procedimiento.

Otro cambio importante es la simplificación de los trámites para declarar la razón social y el domicilio legal de una empresa, que también se gestionarán en una única instancia. Si bien la medida puede ser vista como un avance en la modernización de los procesos y la agilidad administrativa, el costo en términos de control y fiscalización sobre los productos que afectan la salud es difícil de ignorar.

Las constantes reformas que reducen los trámites burocráticos en nombre de la “simplificación” y la “eficiencia”, no solo están reduciendo la carga administrativa para las empresas, sino que están dejando cada vez menos espacio para un supervisión efectiva por parte del Estado. En sectores tan sensibles como medicamentos, alimentos y productos médicos, donde la seguridad y calidad deben ser inquebrantables, esta “simplificación” puede tener efectos preocupantes.

El argumento detrás de esta reforma es claro: permitir una mayor “libertad” a las empresas para que puedan operar con menos trámites. Pera cuando se trata de productos que están en contacto directo con la salud de millones de personas, ¿realmente puede garantizarse que esta menor intervención no resultará en una menor protección para los consumidores?

PUBLICIDAD

Es innegable que las medidas desreguladores del gobierno, que insisten en liberar al mercado de regulaciones y restricciones, están incrementando la incertidumbre sobre la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos de productos potencialmente peligrosos o de baja calidad. Y aunque las autoridades insistan en que estas modificaciones no afectarán a la seguridad, el contexto de flexibilización de los controles no permite ignorar las posibles consecuencias: menos supervisión, más riesgo.

En definitiva, mientras el gobierno insiste en que todo se reduce a una cuestión de eficiencia y optimización, el mismo principio podría ser aplicado para cuestionar si la falta de control no es en sí una forma de desregulación peligrosa, que podría abrir las puertas a la comercialización de productos sin los estándares de seguridad adecuados. Una vez más, la “libertad” para las empresas podría tener un costo muy alto para la salud pública.