El Gobierno presentó la Ley de Inocencia Fiscal y blanquea la evasión bajo el lema de la libertad

Con una puesta en escena que mezcló propaganda, presión política y promesas de libertad, el Gobierno nacional presentó su nuevo proyecto de ley: el Principio de Inocencia Fiscal. Lo hizo a través del titular de la agencia de recaudación ARCA, Juan Pazo, y el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert. La iniciativa, que promete un supuesto cambio de paradigma, profundiza una tendencia que ya asoma como marca registrada: premiar a los evasores y castigar a quienes pagan impuestos. Todo, con el objetivo de que los dólares guardados “bajo el colchón” se incorporen al sistema.

Lejos de ofrecer garantías reales, el proyecto busca desmantelar los mecanismos de control fiscal que protegen al Estado frente a operaciones de lavado, evasión y enriquecimiento injustificado. “Los diputados y senadores de la Nación tienen que elegir entre acompañar el proyecto y que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial o se oponen y condenan a los argentinos sus ahorros bien habidos. Llamamos a la política a lograr amistarse con la sociedad”, sostuvo Espert, en una frase que dejó entrever la estrategia libertaria: blanquear, sin importar el origen.

El texto forma parte del llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, una denominación tan rimbombante como peligrosa. En términos técnicos, propone modificar los umbrales para perseguir evasores, reducir los plazos de prescripción de cinco a tres años y eximir a quienes adhieran al nuevo régimen de justificar el incremento de su patrimonio. “Un cambio trascendental en el sistema impositivo, porque podrán normalizar su situación patrimonial pagando ganancias sólo por facturación”, detalló Pazo ¿Qué significa esto? Que si alguien compra cinco departamentos, “ARCA solo le cobrará ganancias por lo que haya facturado, menos los consumos deducibles”, dijo el funcionario. Y agregó, sin inmutarse: “Con esta ley, estamos garantizando que ninguna administración futura pueda perseguirlos”.

Una promesa sin sustento legal

El blindaje prometido, sin embargo, carece de herramientas jurídicas que garanticen su continuidad frente a un eventual cambio de gobierno. En un país donde la rotación ideológica de las gestiones es moneda corriente, lo que hoy se perdona, mañana puede volver a investigarse. Esa inseguridad jurídica pone en jaque el propio objetivo del plan: que quienes tienen dólares fuera del sistema los blanqueen sin miedo. Pero las señales que se dan son, al menos, contradictorias.

Aun así, el régimen ofrece beneficios exorbitantes: quienes adhieran podrán ingresar el sistema hasta 50 millones de pesos (personas físicas) y 30 millones (personas jurídicas), en cualquier moneda y sin declarar origen. Las entidades bancarias tampoco estarán obligadas a informar esas operaciones a ARCA. En resumen, un paraíso para el lavado de dinero.

Mientras tanto, Espert insiste con su cruzada política y presiona a las provincias. “Seguimos haciendo el llamado a la política para lograr amistarse con la sociedad”, repitió, como si quienes no adhieren a un blanqueo sin controles fueran enemigos de la gente. En total, 13 provincias ya firmaron convenios para sumarse al Régimen Simplificado de Ganancias, que también elimina los regímenes de información vigentes. Las restantes, entre ellas la Provincia de Buenos Aires, enfrentan presiones constantes (además del ahogo financiero) para aceptar una fórmula que debilita sus herramientas de fiscalización.

PUBLICIDAD

El mensaje es claro: el Gobierno necesita desesperadamente los dólares. Ya pidió préstamos, vendió activos, ajustó partidas, y ahora apuesta al dinero oculto de los argentinos. Pero lo hace a cualquier precio, incluso debilitando los pilares básicos de un sistema tributario justo. Y aunque jure que esta vez será diferente, nada garantiza que el próximo gobierno no les pida explicaciones a quienes hoy acepten el “blindaje”.