En su desesperación por dólares, el Gobierno duplica los topes para operaciones sin control fiscal
La medida, que busca atraer dólares a cualquier costo, profundiza la desregulación financiera y enciende alertas por su posible uso para el lavado de dinero.
En un nuevo intento por atraer dólares sin exigir demasiadas explicaciones, el Gobierno nacional dispuso una ampliación significativa de los montos a partir de los cuales se deben reportar operaciones financieras, inmobiliarias y automotrices. Mediante la Resolución Nª 78/2025, la Unidad de Información Financiera (UIF) oficializó los nuevos topes que, en los hechos, habilitan movimientos millonarios sin necesidad de identificación ni certificación contable.
La medida se da en el marco del Decreto Nº 353/2025, que promueve la “simplificación y desregulación fiscal y administrativa” con el argumento de facilitar las inversiones y fomentar el acceso al crédito. Sin embargo, el contexto es ineludible: tras un fallido blanqueo de capitales, un préstamo de USD 20 mil millones del FMI, acuerdos con bancos privados y un nuevo régimen tributario que ya generó fuertes cuestionamientos por favorecer actividades ilícitas, el Ejecutivo sigue abriendo canales para el ingreso de divisas por fuera de los marcos tradicionales de control.
Entre los cambios más relevantes, se duplicó el umbral para depósitos bancarios en efectivo sin identificar al depositante: pasó de 20 a 40 salarios mínimos, lo equivale a cerca de 10 mil dólares. También se incrementó el monto para la compra de autos sin rendición documental: de $60 millones a $115 millones (unos 100 mil dólares), eliminando incluso la exigencia de certificación contable, que será reemplazada por simples declaraciones juradas.
En el mercado inmobiliario, los escribanos y los registros de la propiedad deberán informar a la UIF recién cuando las operaciones superen los 750 salarios mínimos, es decir, alrededor de 200 mil dólares. Este nuevo tope incluso supera los establecidos por países con fama de paraísos fiscales, como Uruguay, que históricamente funcionó como referencia en la región para la opacidad financiera.
La decisión deja al descubierto la urgencia del Gobierno para captar fondos a cualquier costo, aún a riesgo de facilitar el lavado de activos y la circulación de dinero de origen dudoso. Mientras se presenta como “desburocratización”, lo que realmente se observa un relajamiento sistemático de los controles, en una economía que no logra generar confianza ni inversión genuina. En nombre de la libertad, el sistema financiero argentino queda aún más expuesto.
