La Justicia le dio la razón a la CGT y frenó el DNU de Milei que limitaba el derecho a huelga

La  Justicia de Trabajo le puso un freno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que intentaba restringir el derecho a huelga. La jueza laboral Moira Fullana hizo lugar a la presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT) y ordenó la suspensión provisoria de los artículos 2 y 3 del decreto, al considerar que su contenido avanzaba sobre facultades exclusivas del Congreso y vulneraba derechos con rango constitucional.

La central obrera había advertido que la reforma del régimen legal de huelga no puede implementarse mediante un decreto, sino que requiere de una ley debatida y sancionada por el Poder Legislativo. “La modificación del derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, requiere un debate parlamentario”, remarcó en el escrito presentado ante la Justicia.

Además, la CGT cuestionó que el DNU avanzaba no sólo contra la legislación argentina, sino también contra tratados internacionales suscriptos por el país que tienen jerarquía constitucional. La organización alertó sobre el impacto negativo que la normativa podría tener sobre la libertad sindical y la negociación colectiva.

La jueza Fullana también rechazó el intento del Gobierno de trasladar la causas al fuero Contencioso Administrativo y reafirmó la competencia de la Justicia Laboral. En línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que “no es sino la Justicia Nacional del Trabajo la que debe entender en una contienda en la que resulta inobjetable el contenido de derecho social”.

La resolución, de carácter provisorio, se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Esto implica que, por el momento, continúa en vigor la legislación actual sobre el derecho a huelga.

Desde el Ejecutivo no hubo pronunciamientos oficiales tras el fallo, aunque en la Casa Rosada no descartan avanzar con una apelación para llevar el caso a instancias superiores. El revés judicial se produce en un contexto de creciente conflictividad laboral, con protestas y paros organizados por las centrales sindicales frente al ajuste y las políticas de desregulación del Gobierno.

El DNU 340/2025 redefinía los servicios esenciales, incorporando áreas como el transporte y la educación, lo que en la práctica ampliaba significativamente las restricciones al ejercicio del derecho a huelga. Según la CGT y organizaciones de derechos humanos, esa medida representaba una violación de derechos fundamentales. La central sindical celebró la decisión judicial como “un triunfo de la democracia” y advirtió que seguirá “en la calle y en la Justicia” para defender las conquistas laborales.