Intendente radical denunció al PAMI por desvío de fondos a clínicas privadas
El alcalde de General Madariaga presentó una denuncia penal por reasignaciones irregulares de afiliados que involucran a Pinamar, Villa Gesell y La Costa.
El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro (UCR), denunció penalmente al PAMI por el presunto desvío de fondos públicos a una clínica privada mediante la reasignación irregular de afiliados, en un esquema que también afectaría a los municipios de Pinamar, Villa Gesell y La Costa. Según informaron medios de esa región, la presentación apunta a supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública.
Según la acusación, el organismo derivó sin aviso a unos 3.000 afiliados del Hospital municipal de General Madariaga hacia el Instituto Médico Madariagense. La maniobra, de acuerdo a los denunciantes, habría implicado un desvío mensual de más de $80 millones hacia esa clínica por prestaciones que, en muchos casos, no se realizaron.
Al respecto, Leandro Alonso, abogado del municipio, informó: "Esta vez ni avisaron y lo hicieron a mitad de mes, con lo cual gente que se estaba atendiendo en el hospital público quedó en el limbo para su atención; al tiempo que agregó que pidió una pericia informática para identificar las modificaciones en el sistema, dado que, contó, "no se tocaron uno o dos afiliados sino cerca de 10 mil".
Paralelamente, en Villa Gesell, el secretario de Salud Jorge Villalba indicó que desde agosto de 2023 el PAMI retiró 1.000 cápitas del hospital de ese distrito, lo que representaría una pérdida mensual de $12 millones; y apuntó que "los jubilados vienen al hospital igual y se los atiende, pero no se puede facturar esa atención".
Según la información, lo mismo sucede en Pinamar y el Partido de La Costa, donde, advirtió Alonso, "le pagan remises a los jubilados para trasladarlos hasta Madariaga" en vez de facilitar la atención en los centros de salud locales.
En tanto, la denuncia de Alonso asegura que el hospital de Madariaga sigue atendiendo a unos 120 afiliados que figuran como derivados a la clínica privada, por lo que el Instituto Médico estaría cobrando servicios que no presta. Pero la situación no queda aquí. Es que de acuerdo al letrado las prestaciones de ese efector privado dejarían mucho que desear pues, dijo, "cuando la atención es mala, piden volver a la Municipalidad".
"Vos no pasás 10 mil cápitas de un día para el otro si no hay un nivel de responsabilidad sumamente alto para que esto suceda", analizó Alonso al respecto, y concluyó: "La pregunta ahora es: ¿quién dio la orden?".
Mientras tanto, el PAMI no ha respondido las acusaciones, al tiempo que crecen los cuestionamientos por "conflictos de intereses" hacia el ministro de Salud libertario, Mario Lugones, específicamente por su vinculación con el sector privado.
