Rodilla en la cabeza: El gesto brutal que resume la represión a jubilados y periodistas
Un fotógrafo fue reducido con una rodilla en la cabeza por un policía durante la represión frente al Congreso. La imagen se volvió símbolo de una jornada en la que el Estado respondió con violencia a un reclamo legítimo.
La represión volvió a instalarse este miércoles como respuesta sistemática del Gobierno nacional ante los reclamos sociales. Esta vez, como tantas otras en los últimos meses, las víctimas fueron los jubilados y los trabajadores de prensa. Frente al Congreso de la Nación, mientras se movilizaban para exigir una recomposición de sus haberes (luego de que la Cámara de Diputados no lograra el quórum para tratar el tema), la violencia policial se desplegó sin miramientos. El saldo: al menos 83 heridos, cuatro detenidos y una escena que remite directamente a uno de los episodios más oscuros del abuso policial contemporáneo.
El fotógrafo Tomás Cuesta, que trabaja para la agencia internacional AFP y colabora con La Nación, fue reducido con brutalidad por efectivos de la Policía Federal Argentina. En las imágenes captadas por testigos se ve cómo fue tirado al suelo, inmovilizado y presionado contra el asfalto con una rodilla sobre su rostro. “¡Me estás lastimando, hijo de puta!”, gritó Cuesta, mientras los agentes le exigían que “se quedara quieto”, aun cuando era que estaba completamente reducido.
#CódigoBAIRES | ? El momento en el que el fotógrafo, Tomás Cuesta, fue reducido con la rodilla en el cuello por las fuerzas de seguridad en el Congreso. pic.twitter.com/5NiN6BBn57
— Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) May 22, 2025
La secuencia recuerda con inquietante similitud a la que terminó con la vida de George Floyd en Estados Unidos en 2020. Floyd murió asfixiado mientras un oficial le oprimía el cuello con la rodilla. Aquella técnica, fuertemente repudiada a nivel mundial, fue prohibida en numerosos países por representar un riesgo grave e innecesario para la vida e integridad física. Sin embargo, en pleno centro de Buenos Aires, volvió a aparecer en manos de fuerzas estatales.
Junto a Cuesta también fueron detenidos los fotógrafos Javier Iglesias y Mariana Nedelcu (a quienes, además, le destruyeron la cámara con la que trabajaba). Minutos antes de las 21, la fiscal Malena Mercurial ordenó la liberación de Cuesta, sin formular cargos. Iglesias y otros manifestantes fueron trasladados a la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
La represión del gobierno de La Libertad Avanza no se detuvo allí. El camarógrafo Diego Pérez Mendoza y el periodista Pablo Corso, de LN+, fueron embestidos por efectivos de Prefectura Naval Argentina mientras cubrían la marcha en vivo. Corso recibió un balazo de goma en la pierna y ambos terminaron en el piso luego de que un escudo policial los impactara. “¡Pará, boludo!, se lo escucha gritar a Pérez Mendoza segundos antes de que el móvil se corte abruptamente. Lula Álvarez, cronista de El Destape, también fue gaseada y golpeada con una tonfa en la cabeza. No fue un exceso aislado: fue un operativo planificado, ejecutado y tolerado desde los más altos niveles del Ministerio de Seguridad.
El uso de la fuerza, la legalidad y una democracia en retroceso
La violencia ejercida este miércoles frente al Congreso no solo expone la brutalidad policial, sino también el desprecio oficial por los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La técnica de inmovilización con la rodilla sobre la cabeza o el cuello, como se aplicó a Cuesta, está expresamente cuestionada por diversos instrumentos internacionales (todos con jerarquía constitucional en Argentina), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza. El uso de la fuerza debe ser siempre excepcional, necesario y proporcional. Ninguna de esas condiciones se cumplió.
Más grave aún es la responsabilidad política. El accionar de las fuerzas no puede desligarse de quien las conduce. Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad y, como tal, no solo debe responder por cada golpe y cada gas lacrimógeno lanzado, sino también por una estrategia que convierte en enemigos internos a los sectores más vulnerables de la sociedad: jubilados y trabajadores de prensa. La imagen de un reportero gráfico con el rostro contra el suelo, gritando por ayuda mientras lo asfixian, es un símbolo de la Argentina que está construyendo el gobierno: una donde la protesta es respondida con garrotes, y el periodismo, con detenciones arbitrarias.
La misa celebrada en las primeras horas de la jornada, encabezada por sacerdotes católicos y evangélicos, ya había anticipado el clima: “No puede ser que se siga atacando cada semana a las y los jubilados que están llevando adelante un reclamo justo”, denunció el padre Paco Olveira, que también fue golpeado en marchas anteriores. Y no se equivocaban.
Lo ocurrido este miércoles no es un hecho aislado. Es parte de una escalada represiva que se repite cada semana frente al Congreso. Es parte del plan de ajuste brutal que encabeza Javier Milei, y cuya consecuencia más inmediata es que los adultos mayores (quienes más aportaron durante décadas), sean arrinconados por la miseria y reprimidos por reclamar lo que les corresponde.
Argentina no puede naturalizar estos episodios. La democracia no se mide solo por la libertad de votar, sino por la libertad de protestar sin miedo a ser asfixiado, gaseado o golpeado. La pregunta que cabe hacerse es si los protocolos de seguridad del Gobierno incluyen como norma presionar la cara de un periodista contra el asfalto. Porque si eso se permite, ya no estamos ante un problema de excesos individuales: estamos frente a una política de Estado.
