Adiós a la Secretaría de Derechos Humanos: Milei desarma las políticas de memoria
El Museo Sitio de Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria dejarán de depender del área, en medio de una ola de despidos y recortes.
El Gobierno de Javier Milei oficializó esta semana la eliminación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, después de 23 años de funcionamiento. En su lugar, se creó una Subsecretaría, lo que implica un nuevo retroceso en materia de políticas de memoria, verdad y justicia. La medida fue acompañada por una reestructuración que deja al margen a instituciones clave como el Museo Sitio de Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que ahora dependerán de otro organismo.
A través de dos decretos firmados por el presidente, la gestión libertaria desmanteló la estructura que convirtió a la Argentina en un referente internacional en derechos humanos. El Museo –reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO– y el Archivo, que resguarda la documentación producida por la CONADEP, pasarán a ser simples “unidades organizativas” bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), un organismo hoy acéfalo y sin conducción clara.
La nueva Subsecretaría estará a cargo del exjuez Alberto Baños, un hombre cercano al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según el nuevo organigrama oficial, el CIPDH y la flamante Subsecretaría tendrán el mismo rango dentro del Ministerio, lo que reduce aún más el peso institucional de las políticas de derechos humanos.
Los organismos no tardaron en encender las alarmas. Según informaron, se están preparando presentaciones ante entidades internacionales para denunciar la avanzada del gobierno sobre áreas sensibles del Estado. Desde ATE advirtieron que podría haber al menos 170 nuevos despidos, que se sumarían a los 405 trabajadores ya cesanteados de la ex Secretaría.
Como si esto fuera poco, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (comandado por Federico Sturzenegger) será el encargado de definir qué pasará con el personal del museo y del archivo hasta tanto se apruebe la estructura definitiva del CIPDH. Una decisión que abre la puerta a nuevos recortes y deja en la incertidumbre a trabajadores que cumplen funciones esenciales.
Un vaciamiento planificado
Desde el inicio del mandato de Milei, la Secretaría fue víctima de una política sistemática de achique y desmantelamiento. El centro cultural Haroldo Conti, que funcionaba en el predio de la ex ESMA, permanece cerrado desde el 2 de enero. A eso se suma la decisión de Cúneo Libarona de congelar las transferencias de fondos al ente tripartito que gestiona el sitio de memoria, lo que ya impidió pagar salarios a quienes garantizan el funcionamiento diario del espacio.
Las versiones sobre el futuro del CIPDH tampoco generan tranquilidad. El nombre que suena para asumir su conducción es el de Ana Belén Mármora, una abogada y periodista conocida por su militancia contra los derechos sexuales y reproductivos. De concretarse, sería un nuevo giro ideológico que se aleja por completo del consenso internacional en materia de derechos humanos.
El vaciamiento no es solo simbólico. La decisión de reducir a su mínima expresión al área que llevó adelante juicios por delitos de lesa humanidad y promovió políticas de memoria marca un antes y un después. Para la comunidad de derechos humanos, no se trata de una simple reestructuración: es una señal clara de desprecio hacia una política pública que marcó un hito histórico en el país y en el mundo.
