Milei legaliza el delito: Un blanqueo sin impuestos, sin controles y sin vergüenza
En nombre de la libertad, Milei legitima la evasión y dinamita los pilares del sistema tributario argentino. Mientras se ajusta a los sectores más vulnerables, el Gobierno le abre la puerta grande al dinero no declarado.
En un país donde declarar los ingresos, pagar impuestos y cumplir la ley parece cosa de tontos, el presidente Javier Milei decidió elevar a héroes a los evasores, premiar a los que ocultaron sus dólares y darle vía libre al dinero sucio. Sin pudor y con total desprecio por quienes aún sostienen el sistema tributario, el gobierno anunció que avanza con un blanqueo generalizado de capitales, sin impuestos, sin origen comprobable y, si hace falta, por decreto.
Si, Milei lo dijo sin rodeos: no le importa de dónde salieron los dólares. Tampoco si fueron producto del narcotráfico, la corrupción o cualquier delito. “El narcotráfico se combate con el Ministerio de Seguridad, no con la economía”, repitió el Presidente como un eslogan libertario que legitima la ilegalidad mientras destruye los últimos restos de igualdad fiscal. Y en el camino, convirtió a los evasores en mártires modernos y a los contribuyentes honestos en idiotas útiles.
Legalizar lo ilegal, premiar al evasor
La medida, presentada como una jugada maestra para “liberar el dinero de los argentinos” consiste en permitir que cualquier persona declare hasta USD 100 mil dólares sin pagar un solo peso de impuesto ni rendir cuentas. Ni una multa, ni una tasa, ni un mínimo cargo simbólico. Apenas una declaración jurada, de dudosa obligatoriedad, y una promesa de no hacer preguntas incómodas.
Por si hiciera falta más cinismo, Milei aclaró que no será necesario identificar el origen de los fondos. “No me importa”, dijo una y otra vez. Como si fuera el dueño del país, no su presidente. Como si gobernar fuera simplemente levantar la barrera de entrada al sistema financiero, aun a costa de convertirlo en un lavadero de guante blanco.
El blanqueo no será una ley debatida en el Congreso, con controles y límites, sino (como es costumbre en esta gestión), un decreto presidencial. Porque cuando se trata de premiar al evasor, el libertario no quiere demoras ni discusiones. No importa el GAFI, ni la ley de lavado, ni las normas internacionales: Milei ya tienen decidido que el que se fugó del sistema es un genio, no un criminal.
Un modelo donde el que roba gana
Con una economía en recesión, reservas escasas y un ajuste feroz que pulverizó el ingreso de millones, el gobierno recurre al manotazo desesperado: traer dólares de donde sea, a cambio de nada. Dólares que ya no están, porque muchos debieron usarlos para pagar alquiler, comida o tarifas, o que están, sí, pero en manos de quienes más lejos están de pagar impuestos.
¿Y los que cumplieron? Ninguna respuesta para ellos. “Tal vez no tuvieron el talento ni las agallas para escapar”, fue la burla presidencial ¿Y los profesionales que facturan en blanco? ¿Los comerciantes que pagan IVA, Ingresos Brutos y Ganancias? ¿Los asalariados que ven cómo se les descuenta el sueldo cada mes? Milei lo dijo, con todas las letras: ustedes son los tontos del sistema.
No hay premio por haber cumplido, ni beneficio por ser legal. Al contrario: el nuevo sistema premia al que esquivó, al que mintió, al que se escondió. El mensaje es claro: “evadir valía la pena”. Y si no lo hiciste, lo lamentamos por vos.
La bicicleta financiera está on fire. Pese a ya haber activado un blanqueo de capitales, obtenido un préstamo de 20.000 millones de dólares del FMI y recibido asistencia de diversos organismos internacionales, los dólares siguen sin alcanzar. O al menos no alcanzan para sostener el relato oficial. Con una inflación momentáneamente planchada como única bandera económica visible, y un tipo de cambio más ficticio que real, el Gobierno se aferra con uñas y dientes a mantener esta fantasía, al menos hasta atravesar el filtro de las elecciones legislativas de octubre.
Un plan sin controles, sin moral y sin futuro
En plena crisis, el presidente juega con fuego. No solo pone en riesgo la relación con organismos internacionales de control financiero como el GAFI, sino que dinamita el concepto mismo de legalidad. Con este blanqueo, el sistema tributario argentino pierde su último gramo de seriedad.
Mientras tanto, la motosierra se aplica con crueldad a jubilados, estudiantes, trabajadores y pymes, pero se guarda bajo llave cuando se trata de los que fugaron millones. El doble estándar es obsceno. Y la impunidad, institucionalizada.
El mismo gobierno que se jacta de ser el abanderado de la “limpieza” y que no deja de señalar con el dedo a sus rivales políticos, acusándolos de corruptos, ahora da luz verde a que cualquier tipo de actividad ilícita, incluso la proveniente del narcotráfico o incluso de criptoestafas (¿qué casualidad no?), sea blanqueada sin preguntas. Así, con una paradoja brutal, este mismo Ejecutivo que acusó a Cristina Kirchner de haberse robado dos PBI (un mito no comprobado, pero ya grabado en la conciencia colectiva), abre la puerta a que incluso ella (o cualquier persona en su misma situación) pueda legalizar esos fondos sin más obstáculo que una simple declaración jurada. El mensaje es claro: bajo este gobierno, la corrupción tiene un precio, y ese precio no es más que una firma en un papel.
