Tras la desregulación y los aumentos, el Gobierno vuelve a intervenir sobre las prepagas
La medida marca un giro en su política de desregulación total, que terminó expulsando a miles de usuarios del sistema privado de salud.
El Gobierno nacional anunció este viernes una serie de medidas destinadas a regular las subas en los planes de medicina prepaga, tras haber desregulado por completo el mercado de las obras sociales en nombre de la “libertad de mercado”. La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 645/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), busca estandarizar la presentación de información sobre aumentos, luego de meses de incrementos que superaron con creces la inflación y dejaron a miles de personas fuera del sistema privado de salud.
La resolución enfatiza que el organismo venía requiriendo mensualmente a las entidades “información relativa a los aumentos en las cuotas y los valores de los copagos”. Esta situación evidenció “la necesidad de establecer un procedimiento único, formal y de cumplimiento obligatorio que garantice la homogeneidad, oportunidad y exhaustividad en dichas comunicaciones”.
El nuevo esquema establece que las empresas de medicina prepaga deberán presentar de forma anticipada a la Superintendencia, y antes de notificar a sus afiliados, toda la información referida a los aumentos. El objetivo es que tanto el Estado como los usuarios tengan acceso simultáneo a esos datos, algo que no ocurría hasta ahora.
En los considerandos de la norma se precisa que estas medidas buscan “fortalecer la capacidad de fiscalización del organismo” y garantizar el acceso a la información. Para ello, se implementará el uso obligatorio de herramientas electrónicas que formalicen la presentación digital, aseguren la identificación de los usuarios, y validen legalmente los documentos remitidos, integrándose al sistema informático interno de la SSS.
Las empresas alcanzadas por la Ley 26.682 estarán obligadas a cumplir con este procedimiento en los mismos plazos establecidos en el artículo 17 del Decreto 1993/2011 y sus modificatorios. En concreto, la presentación deberá realizarse dentro de los cinco días posteriores a la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, y con al menos 30 días de anticipación al vencimiento del pago por parte de los afiliados.
El anexo de la resolución detalla que las compañías deberán presentar, entre otras cosas: el texto completo de la comunicación dirigida a los usuarios, el porcentaje de aumento y nuevo valor de la cuota discriminado por plan, edad y zona geográfica, el cuadro tarifario vigente y los valores de copago, si corresponde.
Estas nuevas medidas llegan como un revés evidente para el Gobierno, que había impulsado la desregulación del sistema bajo el argumento de que el mercado se regula solo. Sin embargo, la liberalización total derivó en subas descontroladas que dejaron a muchas personas sin posibilidad de sostener su cobertura, empujándolas al sistema público de salud, cada vez más exigido y desfinanciado. La intervención oficial intenta ahora contener las consecuencias de esta política inicial, que generó un fuerte malestar social y evidenció los límites de la autorregulación en un área tan sensible como la salud.
