Mala leche: La empresa que hace los yogures Sancor cerró su planta y dejó 180 familias en la calle
Alimentos Refrigerados S.A. está en concurso de acreedores, abonaba entre el 15 y 20% de los salarios y debe 2.500 millones a sus empleados. El gremio denunció inacción del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Con la crisis láctea que desencadenó el gobierno de Javier Milei y el cierre de más de 1.000 tambos como telón de fondo, Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa que hace los yogures Sancor con sedes en Córdoba y en la localidad bonaerense de Arenaza, partido de Lincoln, cerró su planta y dejó en situación de vulnerabilidad a más de 180 familias. Así lo confirmó Luciano Asad, dirigente de ATILRA, el gremio que agrupa a los trabajadores de esa industria.
Alimentos Refrigerados S.A., empresa controlada por el grupo venezolano Maralac y Vicentín que produce los yogures y postres Sancor, anunció en las últimas horas la parálisis total en su producción, al menos durante los próximos 30 días. La medida pondrá al borde del despido a los casi 250 trabajadores que se reparten en sus dos plantas, quienes desde hace más de un año vienen denunciando incumplimientos salariales.
"La planta está abonando el 15-20% del salario a los compañeros que prestan el servicio, pero ahora fueron licenciados, por lo que la planta está cerrada y existe un concurso, por lo cual hay más de 180 familias en extrema vulnerabilidad y un impacto socioeconómico importante en un distrito como Lincoln", dijo Asad en declaraciones a un canal de noticias de Junín.
De acuerdo al dirigente, el conflicto lleva once meses en la Subsecretaría de Trabajo de la Nación, pues también se encuentra en conflicto la planta de Córdoba. "Estamos bajo jurisdicción nacional del Ministerio de Trabajo porque también está en conflicto la planta en Córdoba. Hace once meses que estamos en el ámbito nacional, con mucha documentación presentada, pero el organismo mira pasar la situación y no genera ninguna acción que garantice justicia a los trabajadores", expresó.
En este marco, Asad detalló que la empresa fue adquirida por Vicentin en 2016 y actualmente está gerenciada por la misma firma que opera La Suipachense; al tiempo que subrayó que "está llena de juicios".
"La deuda post-concursal es más grande que la deuda concursada y por eso en estos días la justicia del fuero comercial se expedirá, planteando la quiebra afectando a trabajadores, tamberos, proveedores", afirmó.
Además, el dirigente denunció que Alimentos Refrigerados S.A. "hace tres años que no paga la obra social a pesar de que se descuenta la cuota", por lo que el sindicato se hace cargo. "La deuda supera los 2.500 millones", sumó.
En ese sentido, agregó: "Que un gremio reclame que a sus representados les paguen el salario que corresponde y les garanticen la estabilidad laboral, no veo ningún capricho. El único capricho que vemos es una empresa netamente mafiosa".
ATILRA informó que mantiene conversaciones con autoridades municipales, el intendente de Lincoln Salvador Serenal y el Gobierno provincial para buscar salidas al conflicto. "Seguiremos trabajando, buscando alternativas. Hay tres o cuatro proyectos, contamos con el asesoramiento del doctor Iudica en nuestra jurisdicción", concluyó Asad; y remarcó que se iniciaron dos acciones cautelares, aunque hasta el momento no hubo resolución judicial.
El 29 de mayo vence el plazo para que los acreedores presenten la documentación de verificación de créditos dentro del concurso preventivo, cuando se podrá establer el peso de la deuda, que se estima en cerca de 400 millones de dólares.
