Preocupa la falta de trabajadores sociales en cárceles bonaerenses
Anatilde Senatore, miembro del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia, advirtió que la dotación actual es insuficiente para abordar la complejidad de la población carcelaria.
El Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires (CATSPBA) advirtió sobre la escasez de profesionales en las unidades penitenciarias bonaerenses y ofreció colaborar con el Servicio Penitenciario para realizar un "relevamiento" que permita abordar la situación de manera integral. Para muestra, un botón: solo 4 asistentes sociales tienen a cargo los más de 2.000 reclusos de la Unidad 1 de Lisandro Olmos; el Complejo de Florencio Varela directamente no cuenta con ninguno.
“La población privada de libertad ha crecido exponencialmente, no solo en cantidad, sino en la complejidad de las problemáticas que atraviesan”, afirmó Anatilde Senatore, miembro del Colegio y reconocida profesional, en diálogo con CódigoBAIRES. En ese sentido, explicó que “tenemos cada vez una población más joven, más comprometida en consumo problemático, con menos herramientas adquiridas como para transitar un proceso que les permita, luego de la privación de la libertad, adquirir más y mejores herramientas para desarrollar su movilidad”.
Senatore señaló que la intervención del trabajo social es clave en estos contextos, y que la creciente complejidad de los últimos 10 años vuelve “más que necesario el reforzamiento de la dotación de profesionales en las unidades carcelarias”.
Actualmente, según describió, “en general hay una trabajadora social con suerte por unidad”. Y agregó: “Cuando aparecen más trabajadoras tiene que ver con su inscripción en distintas propuestas, programas y servicios que se desarrollan al interior de las unidades”.
La atención a personas detenidas incluye salud mental, consumo problemático, revinculación familiar y acompañamiento para la vida fuera del encierro, describió Senatore; y siguió: “Es necesario que exista el trabajo social como profesión, también, en la construcción de procesos de ciudadanía”.
En este sentido, aclaró que implica “acompañar a las personas privadas de libertad a que puedan gestionar situaciones complejas o conflictivas de una manera que no las exponga al nuevo conflicto con la ley penal”.
Senatore también hizo hincapié en la falta de atención a las familias de las personas privadas de libertad. “No están siendo atendidas absolutamente por ningún espacio del Estado”, advirtió. Y sostuvo que “si no se atiende a esa población nos encontramos con procesos de recuperación de la libertad que son difíciles de sostener”.
Consultada sobre cuántos profesionales se necesitarían, afirmó que “la cantidad de población alojada es inabordable para la dotación de personal y profesionales que existen hoy”. Al tiempo que subrayó que no es posible establecer un criterio numérico fijo: “Cada unidad tiene una complejidad diferente. Habría que pensar de acuerdo al tipo de población y el tipo de población va atada a la problemática que presenta”.
“En unidades donde hay niñeces con sus madres vas a necesitar una dotación de profesionales más alta que en una unidad donde hay solamente mujeres adultas. En una unidad que esté en un lugar aislado, en el interior, supongamos Magdalena, lo mismo”, ejemplificó.
Por último, reiteró la voluntad del Colegio de colaborar con el Servicio Penitenciario en un diagnóstico conjunto: “Creo que sería fundamental que el Colegio pudiera acompañar al Servicio para un relevamiento, así ponemos esa herramienta a disposición de la institución”.
Qué dice el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Según la tradicional institución, existen en la provincia de Buenos Aires, al año 2024, 61.811 personas privadas de su libertad (incluye monitoreo electrónico), 57.519 en cárceles, alcaldías y comisarías; de acuerdo a los datos del Ministerio de Justicia y el de Seguridad de la provincia.
