La Provincia lanzó una Bonificación por Título Universitario para trabajadores del Estado
Esta medida, que se implementará de manera progresiva hasta 2026, beneficiará a los trabajadores que acrediten un título universitario relacionado con sus funciones.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves la creación de la Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función (BTU), una medida que busca fortalecer la permanencia del personal profesional dentro del empleo público provincial. La iniciativa se instrumentó mediante el Decreto 641/25, publicado en el Boletín Oficial, y está dirigida al personal regido por la Ley 10.430.
La bonificación, de carácter mensual, remunerativo y no bonificable, estará destinada a trabajadoras y trabajadores que acrediten un título universitario de grado vinculado directamente a las tareas que desempeñan. El beneficio alcanzará tanto a quienes se desempeñan en planta permanente como en planta temporaria, siempre que integren el agrupamiento personal profesional.
El incremento salarial será progresivo y se aplicará en cinco tramos: un 23% a partir del 1º de mayo de 2025; 46% desde el 1º de agosto de 2025; 69% desde el 1º de noviembre de 2025; 92% desde el 1º de febrero de 2026; y finalmente el 115% del sueldo básico del 1º de mayo de 2026.
Además del personal profesional comprendido en la Ley 10.430, el decreto también contempla a trabajadores del personal de Gabinete y a secretarios privados, aunque en esos casos el porcentaje total de la bonificación será del 25% y se abonará según un cronograma, aún no detallado públicamente.
Desde el Poder Ejecutivo provincial, fundamentaron la creación de esta bonificación como una herramienta para “promover la permanencia de las capacidades profesionales en el empleo público provincial” y, al mismo tiempo, “reducir la rotación del personal profesional, incentivar el avance educativo y atraer profesionales al ámbito del empleo público”.
El decreto también establece que los títulos universitarios deberán estar reconocidos oficialmente, legalizados, y su incumbencia deberá acreditarse en relación con las tareas efectivamente desempeñadas por cada agente.
Esta decisión del gobierno bonaerense se produce en un contexto de negociaciones paritarias abiertas, donde el reconocimiento a la formación profesional de los trabajadores estatales aparece como un punto clave en la estrategia para consolidar y profesionalizar la administración pública.
