Fuerte rechazo de jueces y organizaciones sociales a la baja de la edad de punibilidad
Mientras se reúne el plenario de comisiones en Diputados para tratar proyectos que proponen bajar la edad de responsabilidad penal de 16 a 13 años, magistrados y organizaciones advierten sobre la inconstitucionalidad de la medida.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, Justicia, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación retomó este martes el debate sobre distintos proyectos que buscan modificar el Régimen Penal Juvenil. Entre ellos, se encuentra la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, con el respaldo de bloques dialoguistas, que propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años, con penas de hasta 20 años de prisión.
El tratamiento de esta propuesta había sido pospuesto a fines de abril tras el fallecimiento del Papa Francisco. Ahora, con el plenario en marcha, distintos sectores del Poder Judicial y de organizaciones sociales expresaron su rechazo a la medida.
Desde el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana (COPAJU), magistradas y magistrados calificaron la iniciativa como una expresión de “demagogia punitiva”. En un comunicado, señalaron que el proyecto “hace foco en la persecución y criminalización de las infancias” y advirtieron que su aprobación vulneraría principios internacionales de derechos humanos.
“El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda no reducir la edad mínima de responsabilidad penal bajo ninguna circunstancia”, recordaron, citando la Observación General N.º 24 de 2019 y las recomendaciones realizadas a la Argentina en octubre de 2024. Según COPAJU, “una baja de la edad de punibilidad generaría responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
Asimismo, destacaron que los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes no punibles representan un porcentaje muy reducido del total, y que “la respuesta del Estado debe ser garantizar derechos básicos como educación, salud, vivienda y alimentación”.
En la misma línea, la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia, integrada por organizaciones sociales y sindicales como Correpi, la Federación Judicial Argentina, ATE y CTA, también se pronunció en contra del proyecto. “Nos oponemos a penalizar a los pibes de los barrios populares”, manifestaron, al tiempo que reclamaron “el fortalecimiento del sistema de protección integral y la inversión en políticas sociales”.
La Mesa sostuvo que la intención del oficialismo de avanzar con esta ley “no respeta las normas constitucionales ni el amplio rechazo que recibió el proyecto durante las comisiones del año pasado”. También señalaron que la propuesta fue criticada por referentes de la Iglesia Católica y representantes de la Conferencia Episcopal.
