Default, plantas cerradas y deuda millonaria: La Justicia asume el control de Vicentin

A cinco años del inicio del concurso preventivo, la situación de Vicentin volvió a dar un giro inesperado. El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, resolvió intervenir de manera total la agroexportadora, desplazando provisoriamente a todo el directorio y nombrando a dos interventores judiciales, Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, que asumirán el control pleno de la compañía durante los próximos 120 días hábiles.

La decisión se tomó en un contexto marcado por la paralización de actividades, el cierre de plantas industriales y una abultada deuda post concursal que, según el fallo, supera los 30 mil millones de pesos. Hasta ahora, Shocrón y Nudemberg actuaron como veedores del proceso. A partir de esta medida, tendrán atribuciones para tomar decisiones operativas, financieras y administrativas.

El juez fundamentó la resolución en la necesidad de evitar un daño aún mayor: “La justicia concursal no fue pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores”, sostuvo Lorenzini en su fallo. Amparado por el artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras, el magistrado busca preservar una empresa que aún considera viable y anticiparse a un eventual proceso de quiebras liquidativa.

Además de la intervención, el fallo incluye una medida inhibitoria anti cautelar que protege a la firma frente a cortes de servicios esenciales como luz, gas o seguridad, e incluso ordena su restitución en caso de haber sido interrumpidos. La disposición alcanza también a entes públicos como la AFIP y los gobiernos municipales. Aunque no impide que se inicien ejecuciones judiciales, si congela las medidas que puedan afectar el funcionamiento operativo de la empresa.

El directorio saliente, integrado por Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain, fue suspendido sin goce de sueldo. Si bien deberán colaborar con los interventores, ya no tendrán capacidad de decisión. Los nuevos administradores tienen diez días para presentar un plan de acción que permita identificar áreas críticas, conformar nuevos equipos de gestión y articular con la sindicatura y los acreedores.

En el fallo, Lorenzini fue especialmente crítico con la actuación del directorio. Señaló su inacción, la ausencia de propuestas para revertir la crisis y el cierre unilateral de las plantas de Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo. “El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje”, expresa el documento judicial.

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La medida judicial llegó poco después de que la empresa reactivara parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone, tras un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A. Ese entendimiento permitió abonar el 40% de los salarios de marzo y asumir el compromiso del 40% restante, aunque aún queda un 20% sin respaldo concreto. Sin embargo, para el juez, ese avance fue insuficiente: “Se ha tomado evidente la falta de condiciones mínimas de previsibilidad y responsabilidad por parte del directorio”, indicó.

El complejo escenario económico se complementa con un frente judicial de alto voltaje. Desde diciembre de 2019, Vicentin arrastra un default de más de 1.500 millones de dólares. En febrero, la Corte Suprema de Santa Fe revocó la homologación del acuerdo preventivo, lo que dejó la causa en punto muerto y abrió la posibilidad de un cram down, aunque esa etapa aún no se formalizó.

A esto se suma una causa penal en curso: cuatro exdirectivos permanecen detenidos con prisión preventiva, acusados de asociación ilícita y estafa por un presunto vaciamiento de la empresa en el momento del default. En ese marco, el exdirector del Rabobank, Gert-Jan Mulder, salió en defensa de uno de los acusados, Roberto Gazze, y advirtió mediante una carta pública sobre “el riesgo de criminalizar la gestión empresaria”, cuestionando el tratamiento mediático del caso.