Ramos Padilla contra el nombramiento de jueces por decreto
El magistrado federal dijo que lo sucedido con Lijo y García-Mansilla marca un grave antecedente porque "un juez del máximo tribunal, cuyas decisiones no tienen revisión, es designado como un empleado del Poder Ejecutivo"
El juez federal Alejo Ramos Padilla consideró que tanto el Congreso como el Poder Judicial deberían “repudiar” explícitamente el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema para evitar que un gobierno vuelva a intentar una designación de esas características. “Si aceptamos que existen dos procedimientos (para nombrar jueces), se pierde la división de poderes", advirtió.
La recomendación del magistrado fue hecha luego de haber emitido un fallo en el que calificó de “inconstitucional e inconvencional” la designación de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como miembros del máximo tribunal, vía decreto 137/2025 del presidente Javier Milei.
En esa sentencia, Ramos Padilla sostuvo que poner jueces por decreto "es violatorio de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial".
A horas de haber hecho público su fallo, el magistrado no sólo defendió su postura sino que, además, señaló que lo que reforzaría la línea de esa sentencia es un “repudio” por parte de “todos los poderes del Estado, por las instituciones y los medios de prensa”.
“Si no se repudian o se tachan desde las instituciones estas prácticas”, el “30 por ciento de las vacantes del Poder Judicial podrían ser nombradas en comisión”, advirtió el magistrado.
“Si un juez del máximo tribunal, cuyas decisiones no tienen revisión, es designado como un empleado del Poder Ejecutivo, se pierde la división de poderes absolutamente. Y si ese antecedente no es repudiado de alguna manera quedaría ratificada la gravedad institucional que implicó nombrar a dos jueces de la Corte sin acuerdo del Senado”, insistió.
Por otra parte, el juez federal consideró que las designaciones por decreto echarían por tierra “todos los esfuerzos de los convencionales de la reforma constitucional de 1994”, que plantearon modificaciones para evitar una Corte con mayoría automática, como la del menemismo en la década del ’90.
“Ellos hicieron un esfuerzo para que no volviera a ocurrir ese presidencialismo casi autoritario que viola los principios más básicos de la República”, opinó.
