El Gobierno desregularía la Marina Mercante, poniendo en riesgo la soberanía nacional
La medida beneficia a grandes empresas exportadoras y pone en riesgo la soberanía, el empleo y la protección ambiental.
Mientras el Gobierno Nacional, a través del ministro Federico Sturzenegger, avanza con una agenda de desregulación en distintos sectores, un nuevo frente de conflicto se abre en el ámbito de la Marina Mercante. Tras la reciente modificación del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) a través del Decreto 37/2025, se prepara un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que podría profundizar aún más el desmantelamiento del marco regulatorio que protege a la navegación nacional.
Detrás de esta medida no se esconde una simplificación burocrática, como se pretende instalar desde los sectores oficiales, sino un golpe directo a la soberanía marítima, a los derechos laborales de los trabajadores del sector y a la seguridad ambiental y nacional.
¿Qué implica el nuevo plan de desregulación?
Entre los principales cambios que se impulsan, se destacan la posibilidad de que cualquier buque que hoy navega bajo bandera argentina pueda migrar a bandera extranjera, accediendo a regímenes impositivos y laborales más laxos. Asimismo, se habilitaría a buques extranjeros a realizar tareas que históricamente fueron exclusividad de la Marina Mercante nacional.
Pero el impacto no se reduce a lo simbólico. La legislación laboral vigente en el país quedaría relegada frente a normativas extranjeras: los contratos podrían regirse por leyes de otros países, con condiciones mucho más desfavorables para los trabajadores. Además, se busca declarar a la navegación como servicio esencial, limitando el derecho a huelga y habilitando despidos con solo 10 días de indemnización o licencias sin goce de sueldo por períodos de hasta 10 años.
Riesgos ambientales y pérdida de empleos
Otro de los aspectos más preocupantes del proyecto oficial es la eliminación de la figura de los baqueanos, trabajadores con profundos conocimientos de las vías navegables, cuya tarea es clave para prevenir incidentes o derrames de combustibles en ríos y mares. La desaparición de esta figura aumentaría considerablemente los riesgos ambientales en un sector de alta sensibilidad.
Por otra parte, el plan contempla eliminar los serenos de buques, trabajadores encargados de la seguridad de las embarcaciones en los puertos. Esta medida podría significar la pérdida de al menos 700 puestos de trabajo, debilitando no sólo la seguridad laboral sino también la seguridad nacional en los principales corredores de exportación del país.
Los principales ganadores de este esquema de desregulación son los grandes operadores logísticos y exportadores que controlan los corredores cerealeros de San Lorenzo y Bahía Blanca. Empresas como PTP Group y agencias marítimas internacionales verán reducidos sus costos al eliminar la contratación de trabajadores argentinos y reducir sus obligaciones legales y tributarias.
En definitiva, detrás de un discurso que promete "desburocratizar" y "modernizar" el sector naval, se esconde un avance privatizador que pone en jaque la soberanía argentina en sus aguas, destruye puestos de trabajo y expone a graves riesgos ambientales a las principales vías navegables del país.
