Avanza la causa por la estafa $LIBRA: investigan a Milei y su hermana
El fiscal Eduardo Taiano ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Javier y Karina Milei para esclarecer su rol en la estafa con la criptomoneda $LIBRA
La causa por la criptomoneda $LIBRA tuvo un avance luego de que el fiscal Eduardo Taiano ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del presidente Milei y de su hermana Karina. El pedido se tomó para esclarecer la participación de los hermanos en la estafa que dejó cientos de personas sin sus ahorros.
De esta forma, se podrán investigar las cuentas bancarias, incluyendo los últimos movimientos y transacciones realizadas. Además, el abogado Gregorio Dalbón solicitó congelar los activos financieros de Javier y Karina Milei en Estados Unidos.
Aún falta que la jueza Servini firme la medida para que se concrete. La orden también apunta contra los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, exfuncionario de la Comisión de Valores. Todos los involucrados tuvieron un rol clave para ejecutar la estafa, incluidos el jefe de gobierno y la secretaria general del presidente.
Recientemente, la periodista Vanesa Petrillo indico que el fiscal pidió primero investigar el patrimonio, para luego ordenar que se recolecte toda la información bancaria de los implicados.
Además de las medidas para avanzar en el caso, la Cámara Federal de San Martin resolvió que el caso se pasara a los Tribunales de Comodoro Py. La causa ahora estará a cargo de la jueza Maria Servini y el fiscal Eduardo Taiano.
Este último se mostró en disconformidad con como llevó el caso la fiscal anterior, Sandra Arroyo Salgado. Indico que no actuó de forma clara y decidida con las medidas a tomar, y que el juzgado realizó medidas en el expediente “como si el impulso procesal otorgado por parte de la Fiscalía Federal N° 3 de CABA, resultara habilitante para que Jueces de ajena jurisdicción pudieran actuar en función de ello”.
A su vez señaló que la fiscal general "desistió de la práctica de la audiencia oral, expuso los motivos por los cuales la parte entiende que corresponde revocar la decisión adoptada en la instancia de origen”. Además criticó la tardanza de envío del legajo del caso a la Cámara de Apelaciones cuando 'la economía procesal y el evitar dispendios jurisdiccionales, imponían que la cuestión deba ser resuelta del modo más ágil posible”.
