La falta de tobilleras electrónicas traba procesos judiciales en la provincia
El abogado Gonzalo Escaray abordó la problemática de las pulseras electrónicas para arrestos domiciliarios o condenas, las cuales actualmente escasean, poniendo en pausa procesos legales en la provincia. El encargado de otorgar el dispositivo es el servicio penitenciario, el cual se niega a proporcionar información, incluso después de un pedido de la Justicia.
Las tobilleras electrónicas son una herramienta que se utiliza en los arrestos domiciliarios para garantizar que la persona que tiene la detención, o incluso está condenada, cumpla con lo acordado y no se mueva de su ubicación. Sin embargo, hoy ocurre un grave error en el sistema penitenciario que dificulta que el proceso se cumpla como corresponde.
Los mismos se otorgan en casos donde el delito o la calificación legal no son tan graves. En una gran mayoría, se entregan debido a una enfermedad o en casos de tener que encargarse del cuidado de algún familiar.
Sin embargo, el especialista jurídico, Gonzalo Escaray, explico que en conjunto con otros abogados, dieron cuenta de la tardanza en entregas de las pulseras para cumplir con los arrestos. Por lo que desde la Asociación de Abogados Penalistas de la Plata, presentaron una carta hacia el servicio penitenciario exigiendo información y una reunión para tratar la problemática.
Escaray expresó que muchos colegas acercaban la inquietud de que, incluso estando dispuesto el arresto domiciliario por un juez, no había respuestas. “Ya no dependía del juez, uno presentaba escritos para que se cumpla el arresto y la respuesta era que ya dependía del servicio penitenciario”, indico.
En esa línea marco que se desconoce el número de pulseras que cuentan los servicios penitenciarios, lo que afecta significativamente a los ciudadanos que esperan el dispositivo para comenzar su condena.
El abogado explicó que en algunos casos la entrega era inmediata, y en otros no. Por lo que el juez, que ya había solicitado previamente información sobre el número de dispositivos, al no obtener una respuesta, presentó una denuncia para esclarecer la situación.
“A partir de eso se hace una denuncia penal por parte del juez de garantías que tiene la obligación como funcionario público al detectar irregularidades y la posible comisión de un delito como es el incumplimiento de los deberes funcionario público y desobediencia”, expresó.
Además, indago en posibles razones de la demora y borró de la mesa la posibilidad de que se deba a una cuestión presupuestaria. “Tengo otra situación de un chico que pasó un mes y medio y no le entregaron la pulsera, era una calificación legal relativamente leve, hacía mucho tiempo que estaba detenido. Mientras tanto, escuchaba colegas que me decían tenían a uno que ya le habían otorgado la libertad, que seguiá con la pulsera y estaba esperando hace 20 días que vayan a retirar del aparato y la pulsera a la casa entonces ahí tenés decidida”, indico.
“Si vamos a la estadística de los que le otorgaron, te hablo de octubre a esta parte, el 90% tuvieron que esperar o tienen que esperar más de un mes para que lo otorguen”, expresó. Además remarcó que existe un proceso judicial para que se eche luz sobre la situación que desordena los procesos judiciales en la Provincia de Buenos Aires.
