La Corte Suprema confirmó que el PRO utilizó aportantes truchos en la campaña 2017
El máximo tribunal confirmó irregularidades en los gastos de campaña de Cambiemos, cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires y era líder del macrismo en PBA. Sanciones a la UCR y la Coalición Cívica.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó todos los recursos presentados por Cambiemos y dejó firme el fallo que desaprobó la rendición de gastos de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires durante las PASO y las elecciones generales de 2017.
La resolución se basó en la detección de 79 personas que negaron haber aportado dinero a la coalición liderada por Mauricio Macri, con María Eugenia Vidal como principal referente en el distrito. El fallo también señaló que el 95% de los aportes privados se realizaron en efectivo y que 209 donantes eran beneficiarios de planes sociales.
El caso se inició a partir del análisis de los informes de recursos y gastos de la alianza Cambiemos Buenos Aires en las elecciones de 2017. Tras varias rectificaciones y dictámenes del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, el juez electoral federal platense, Alejo Ramos Padilla, desaprobó los informes finales de campaña e impuso sanciones económicas a los partidos integrantes de la alianza.
El magistrado determinó que existían irregularidades en los aportes privados y en la documentación presentada para acreditar el origen de los fondos, al tiempo que indicó que la información aportada por Cambiemos "no coincide" con la proporcionada por la Dirección Nacional Electoral.
Más tarde, la Cámara Nacional Electoral confirmó la decisión del juez y destacó que, de las 98 personas identificadas como aportantes, solo una presentó un comprobante.
Luego del fallo de la Cámara, Cambiemos y el PRO presentaron un recurso extraordinario que fue rechazado, lo que los llevó a interponer una queja ante la Corte Suprema. Pero el máximo tribunal desestimó la queja en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
El caso se originó en 2018 a partir de una publicación periodística que reveló que beneficiarios de planes sociales figuraban como donantes de la campaña de Cambiemos. En esa nota se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos, y beneficiarias de programas sociales, figuraban como donantes de la campaña de la coalición gobernante. Estas, que llegaron a ser identificadas por miles, aparecían registradas como afiliadas al PRO y como aportantes de sumas que iban desde $350 hasta $1.500.
Este marco, Ramos Padilla concluyó que Cambiemos "no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral" y ordenó extraer testimonios para iniciar una investigación penal. En 2022, impuso multas a la alianza Cambiemos y al PRO por $3.246.965; a la UCR y la Coalición Cívica por $990.599 cada uno; ya otros partidos con sanciones de $34.395.
Investigación federal en curso
En paralelo, sigue en marcha otra investigación en el juzgado de Ramos Padilla. En diciembre pasado, el magistrado procesó a los responsables económicos de la campaña por “falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa del origen de fondos de campaña”. Estos son Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin.
Los mencionados estaban a cargo de recibir los aportes para la campaña electoral y sobre cada uno pesa un embargo de hasta $50 millones, al tiempo que también podrían recibir penas de un año y medio de prisión, e inhabilitación por 10 años para ejercicios de administración.
