Por qué la dictadura fue "Cívico" militar

El golpe del 24 de marzo de 1976 significó mucho más que la toma del poder por parte del aparato militar. Detrás de la represión institucionalizada se escondió un entramado de complicidad civil, donde ciertos sectores empresariales y mediáticos se posicionaron como aliados del régimen, beneficiándose de un contexto de autoritarismo que impuso un modelo económico de concentración, entrega de recursos y desguace de la industria nacional. 

Durante la dictadura, la construcción de un "nuevo orden" implicó no solo la imposición de medidas represivas, sino también una reconfiguración del tejido económico y mediático del país. Las instituciones militares encontraron en algunos sectores civiles el soporte necesario para consolidar su poder. Empresas y grupos de interés se posicionaron en una alianza tácita, o en algunos casos explícita, que permitió la restructuración de negocios y la concentración de capitales en condiciones ventajosas para unos pocos.

Entre estos actores destacan conglomerados que, en el marco de la denominada "patria contratista", se convirtieron en verdaderos arquitectos del beneficio económico impuesto por el régimen. El grupo SOCMA de la familia Macri, por ejemplo, se destacó por aumentar significativamente el número de empresas y operativas durante esos años, facilitando así la concentración de actividades económicas en manos de actores afines a la política represiva. Este crecimiento, en muchos casos, estuvo acompañado de estrategias de negocio que ignoraron la dimensión ética y de derechos humanos, estableciendo un precedente que ha sido determinante en la configuración del poder económico en el país.

Papel Prensa y la complicidad en el ámbito mediático

El caso de Papel Prensa se erige como uno de los ejemplos más controversiales de cómo la complicidad civil se extendió al control de la información. La empresa era propiedad de la familia Gravier, pero en el año 76 y a través de maniobras extorsivas que incluyeros amenazas directas, el gobierno militar instó a Lidia Papaleo, viuda de David Gravier, a vender la totalidad de las acciones a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

Con el control de la única empresa que fabricaba papel para diarios, estos tres medios de comunicación lograron una posición dominante en el mercado desplazando a otros grandes diarios con una maniobra sencilla que consistió en aplicar cuotas de venta o aumentos deliverados del papel para aumentar los costos de producción de otros medios.

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, aliadas al gobierno de facto, pudieron Este grupo mediático, que emergió fortalecido durante la dictadura, se vinculó estrechamente con sectores del poder militar y empresarial. Las maniobras detrás de su conformación y consolidación ilustran cómo el entorno autoritario propició la concentración de medios en manos de grupos que, en muchos casos, optaron por no cuestionar las prácticas represivas, sino por beneficiarse de ellas.

Este control mediático no solo amparó al aparato militar, sino que también creó un ambiente propicio para la impunidad y el encubrimiento de violaciones a los derechos humanos. Así, lo que comenzó como un acuerdo para garantizar la continuidad de ciertos intereses económicos se transformó en un mecanismo de control que perdura hasta nuestros días.

Famosa es la tapa del diario Clarín del 25 de marzo de 1976, con el títuo "Total Normalidad: Las fuerzas Armadas Ejercen el Gobierno", dando el primer indicio de cercanía entre la junta de gobierno y algunas empresas y empresarios.

Hay que remarcar que la complicidad de sectores civiles en la dictadura no se limitó a un par de actores aislados. La denominada "patria contratista" agrupó a un conjunto de empresas y empresarios que, al prestar su apoyo –de forma activa o por omisión– al régimen, aseguraron beneficios económicos que se extendieron mucho más allá de ese oscuro período. Entre ellos se encuentran conglomerados industriales, bancos tradicionales y grupos mediáticos que supieron interpretar la coyuntura política como una oportunidad para fortalecer su posición en el mercado.

Empresas como el Grupo Bunge y Born y el Grupo Clarín han sido señaladas en numerosos análisis históricos por su relación ambivalente con el régimen. Mientras que por un lado se beneficiaron de políticas que facilitaron la inversión y la restructuración de sectores estratégicos, por otro permitieron que la narrativa oficial, en ocasiones, quedara sin oposición en ámbitos clave como el de la prensa y la comunicación. La omisión de denunciar hechos y la cooperación tácita con un gobierno represivo han contribuido a que, incluso décadas después, se siga discutiendo la complicidad civil en la formación del Estado autoritario.

Asimismo, instituciones financieras como el Banco de Crédito Argentino y el Banco de Londres y América del Sur jugaron un rol relevante. Su participación, ya sea directa o indirecta, ayudó a financiar y sostener estructuras que favorecían la concentración de poder y capital, creando un entramado de intereses que ha obstaculizado procesos de esclarecimiento y sanción.

La huella de la complicidad civil en la dictadura se manifiesta de forma tangible en la dificultad para avanzar en procesos judiciales que busquen reparar a las víctimas de la represión. El accionar de grupos como SOCMA, Papel Prensa y la vasta red de la "patria contratista" ha contribuido a construir un muro de impunidad que, hasta el día de hoy, retarda el acceso a la verdad y la justicia.

Documentos y testimonios recuperados de la época revelan cómo se implementaron maniobras para desacreditar denuncias y minimizar la participación de actores civiles en la consolidación del régimen. En múltiples ocasiones, se presentaron estrategias para bloquear investigaciones y dilatar judicialmente procesos que apuntaban a esclarecer la complicidad de estos grupos. Esta realidad no solo refleja la persistencia de un legado autoritario en las estructuras económicas y mediáticas del país, sino también la resistencia de intereses poderosos que, al proteger su pasado, obstaculizan el accionar de una justicia integral.

Testimonios de víctimas y de investigadores de derechos humanos ponen de relieve la necesidad de una memoria completa que abarque todas las dimensiones del accionar represivo. Se trata de reconocer que la represión no fue exclusiva de los militares, sino que contó con el sustento y la complicidad de sectores que, en nombre de intereses económicos, optaron por no desafiar el autoritarismo. El impacto de estas alianzas se evidencia en la persistente dificultad para alcanzar una reparación histórica plena, en la que se sancione a todos los responsables sin hacer distinciones.

Un llamado a la reflexión y la responsabilidad
La revisión crítica de la complicidad civil en la dictadura invita a la sociedad a replantear el rol de los actores económicos y mediáticos en la configuración del poder. Los procesos judiciales y las investigaciones históricas continúan siendo un campo de batalla en el que se enfrentan la memoria y la verdad contra intereses económicos que, a través de la "patria contratista", han logrado perpetuar un legado de impunidad.

Resulta imprescindible que la sociedad y el aparato judicial no se conformen con una versión parcial de la historia, sino que exijan la total visibilización de todas las alianzas que permitieron la instalación del régimen militar. Solo de esta forma será posible abrir paso a una justicia que, sin olvidar el pasado, se comprometa a reparar las heridas y a construir un futuro basado en la verdad y el respeto a los derechos humanos.