El ex candidato libertario que sugirió declarar Estado de Sitio frente a las manifestaciones
El abogado de Javier Milei, Francisco Oneto, propuso la implementación de un Estado de Sitio como medida para controlar las crecientes protestas sociales e incluso pidió "olvidar el Proceso de Reorganización Nacional"
El abogado libertario Francisco Oneto generó controversia al justificar abiertamente el uso de la represión contra las movilizaciones sociales, manteniendo la línea oficialista, pero también al proponer la declaración del Estado de Sitio para controlar las protestas. Esta postura no solo es un atentado contra los derechos constitucionales de los ciudadanos, sino que refleja una peligrosísima interpretación de la ley que podría poner en peligro las libertades más fundamentales de los argentinos.
En recientes declaraciones, Oneto, ex candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, intentó justificar los incidentes ocurridos durante la marcha de los jubilados, donde se registró un fuerte accionar represivo por parte de las fuerzas de seguridad. Según el abogado, “hubo represión, pero no está mal”, y sugirió que el Estado tiene el derecho de recurrir a la fuerza para “ordenar” el país.
“Es momento que Argentina se olvide de su ex, que fue el Proceso de Reorganización Nacional, y vuelva a entender que la represión es la forma que tiene el Estado de ordenar cuando las cosas se van fuera de su cauce”, afirmó, minimizando así la gravedad de la violencia institucional.
A lo largo de sus declaraciones, Oneto se mostró desconectado de la realidad constitucional del país, al sugerir que el uso de la represión no solo era justificable, sino necesario. Su propuesta de decretar el Estado de Sitio, sin entender (o sin importar) las implicaciones de una medida tan extrema, refleja un desconocimiento alarmante de los límites que la Constitución Nacional impone al poder estatal.
El abogado penalista declaró que, de ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tomaría la decisión de imponer un Estado de Sitio, lo que implicaría la suspensión de las garantías constitucionales en una zona afectada por lo que él definió como “conmoción interior”. Sin embargo, su declaración sorprende no solo por lo inapropiado de su propuesta, sino también por el error palpable que cometió al afirmar que el Estado de Sitio puede ser declarado por regiones.
Gravísimo. El ex candidato de LLA como vicegobernador de PBA propone un Estado de sitio. "Hay que llamar a Estado de sitio y tomar el control absoluto de las calles, hay que suspender las garantías constitucionales" pic.twitter.com/llUJkzFlTs
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 18, 2025
La Constitución Nacional, en su artículo 23, establece de manera clara que esta medida puede ser declarada por el Presidente de la Nación y, en circunstancias excepcionales, con autorización del Congreso, lo que hace aún más grave la falsedad legal de Oneto.
Lo más preocupante de su postura es que, al respaldar la represión, Oneto ignora que la protesta está protegida por el derecho a la libre expresión y la libertad de manifestación, derechos fundamentales que cualquier gobierno debe respetar, aún en situaciones de conflicto. El reclamo de los jubilados, al igual que cualquier otro reclamo legítimo, está amparado por la Constitución, que establece la inviolabilidad del derecho a expresarse sin temor a represalias.
Lo que Oneto no menciona es que su propuesta de declarar el Estado de Sitio no solo representa una violación a los derechos de losciudadanos, sino que podría desencadenar un autoritarismo peligroso, donde la suspensión de las garantías constitucionales se uxse para silenciar cualquier forma de disidencia. En su argumentación, incluso llegó a minimizar la violencia policial que sufrieron los manifestantes, haciendo comparaciones insostenibles y defendiendo a ultranza un sistema que utiliza la fuerza para callar al pueblo, en lugar de buscar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
Las propuestas de Oneto no solo son un ataque a la democracia, sino que también intentan borrar la memoria de los horrores del pasado reciente de nuestro país, como el Proceso de Reorganización Nacional, del cual aún cargamos las secuelas, o del último Estado de Sitio declarado bajo el Gobierno de De la Rúa, el cual dejó más de 40 muertos.
