Denuncian que la represión en el Congreso fue la "más brutal desde el 2001"
La Comisión Provincial por la Memoria recibió denuncias por la violenta represión a jubilados durante la manifestación frente al Congreso. Se trata del accionar represivo más brutal desde la crisis del 2001, según organismos de derechos humanos.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un detallado informe sobre el operativo de seguridad desplegado el pasado 12 de marzo por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y lo calificó como “la represión más brutal y violenta desde los hechos del 2001”. Según el organismo, la respuesta estatal frente a una movilización por los derechos de los jubilados se inscribe en una escalada represiva con el objetivo de “impedir el ejercicio de derechos constitucionales” y disciplinar socialmente.
El informe de la CPM reveló que hubo al menos 672 personas heridas, entre ellas periodistas, defensores de derechos humanos, adultos mayores, mujeres y jóvenes. Las lesiones incluyeron desde heridas por postas de goma hasta traumatismos de cráneo, pérdida de visión y dificultades respiratorias. Además, fueron detenidas 114 personal incluyendo un niño de 12 años y personas que no participaban de la manifestación, sino que se encontraban ocasionalmente en el lugar
Según la Comisión, la represión comenzó a las 15:15, casi dos horas antes del horario de convocatoria, con el despliegue de más de 1.000 efectivos de todas las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad. “La intención fue impedir la concentración”, aseguró el organismo, que denunció una “cacería” que se extendió hasta entrada la noche. En ese marco, se registraron “miles de disparos con postas de goma, decenas de granadas de gas lacrimógeno, gas pimienta y golpes con tonfas, puños y escudos”.
Uno de los casos más graves fue el del fotoperiodista Pablo Grillo, quien “fue alcanzado por una granada de lacrimógeno disparada directamente al cuerpo”, violando los protocolos de actuación. Grillo sufrió una fractura de cráneo con desplazamiento de masa encefálica y permanece internado en estado crítico. La CPM sostuvo que la “justicia deberá investigar si el disparo provino de un agente de la Policía Federal o de Gendarmería Nacional”.
LA MAS VIOLENTA REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL DESDE EL 2001
— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) March 13, 2025
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En el documento, la Comisión celebró la resolución de la jueza Karina Andrade, quien dispuso la liberación de los detenidos por falta de información y por violación de garantías constitucionalies. “Es un fallo de enorme relevancia institucional”, afirmaron, al tiempo que cuestionaron las amenazas del Gobierno Nacional de impulsar un juicio político contra la magistrada.
Asimismo, el informe advierte sobre las irregularidades graves en el operativo: presencia de policías de civil infiltrados entre los manifestantes, videos de un agente arrojando y pateando un arma en la Plaza sin asegurarla, y la apertura de un patrullero abandonado, lo que facilitó que encapuchados lo prendieran fuego. “Son hechos que deben ser investigados. Permiten pensar en acciones intencionales de las fuerzas de seguridad para generar y difundir el caos”, alertó la CPM.
“La violencia fue iniciada por las fuerzas policiales al intentar despejar la calle. Yrigoyen casi Entre Ríos, provocando la reacción de los manifestantes. Los hechos se podrían haber evitado con un operativo mejor organizado y orientado a garantizar la protesta y la paz social”, concluye el informe. Finalmente, la Comisión remarcó que “es indispensable que las fuerzas políticas democráticas, los gremios, asociaciones profesionales y el pueblo argentino detengan este camino hacia el autoritarismo y la violencia estatal”.
