El Gobierno nacional eliminó un programa clave de asistencia legal para pueblos originarios
La medida, enmarcada en el ajuste fiscal, no contempla alternativas para garantizar su acceso a la Justicia.

A través de la Resolución 08/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei derogó el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que desde 2004 brindaba asesoramiento legal, financiamiento de defensas judiciales y apoyo en la regularización de tierras a comunidades indígenas en Argentina.
La medida, adoptada en el marco del ajuste implementado por el Ejecutivo desde el 10 de diciembre de 2023, se suma a otras decisiones que afectan la protección de los derechos de los pueblos originarios. Entre ellas, se destaca la derogación de la emergencia territorial en diciembre pasado, lo que dejó sin resguardo a muchas comunidades frente a desalojos.
Según la Resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el programa no cumplió con sus objetivos y presentó "deficiencias y desvíos" según auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Además, se justificó la decisión en la "necesidad de optimizar el gasto público", en línea con la emergencia económica establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
Sin embargo, el Gobierno no anunció ninguna alternativa para garantizar asistencia legal a los pueblos originarios, lo que genera incertidumbre y preocupación entre organizaciones indígenas y de derechos humanos. Para estas entidades, la eliminación del programa se enmarca en una serie de medidas que han debilitado la protección de las comunidades.
En diciembre de 2024, Milei derogó la emergencia en tierras indígenas mediante el Decreto 1083/2024, habilitando desalojos para aquellas comunidades sin situación legal regularizada. Luego, en enero de 2025, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad Qom en Makallé, Chaco, a través de la Resolución 5/2025.
El rol del INAI y el impacto de la medida
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el organismo responsable de velar por los derechos de los pueblos originarios. Fundado en 1985 bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, posteriormente fue trasladado al Ministerio del Interior y, en la actualidad, depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Guillermo Francos.
Con la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, las comunidades indígenas pierden una herramienta fundamental para su defensa legal ante desalojos y disputas territoriales. A la falta de asistencia, se suma la ausencia de una política alternativa por parte del Gobierno, lo que deja a cientos de comunidades en una situación de desprotección y vulnerabilidad creciente.