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El Gobierno disolvió el COPREC: ¿Qué es y qué implica su desaparición?

La medida busca simplificar los procesos administrativos y evitar la duplicación de funciones con otros organismos provinciales y judiciales.

Nazareno Napal
03/02/2025
El Gobierno disolvió el COPREC: ¿Qué es y qué implica su desaparición?

El Gobierno nacional disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), una instancia creada en 2014 que facilitaba la mediación entre consumidores y proveedores, con el fin de resolver disputas sobre derechos individuales de los usuarios cuyo monto no superara los 55 salarios mínimos, vitales y móviles, hoy equivalentes a $1.462.230.

La disolución se formalizó mediante el Decreto 55/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Según el Gobierno, la medida responde a una duplicación de funciones y facultades entre organismos, ya que existen otras instancias provinciales y judiciales para resolver los reclamos de los consumidores. En sus considerandos, el Decreto establece que resulta "indispensable avanzar hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos, evitando la duplicación de competencias y facultades asignadas a organismos que, en ámbitos geográficos concentrados, persiguen objetivos con la misma finalidad".

El Gobierno aseguró que, a partir de la disolución del COPREC, los consumidores podrán seguir gestionando sus reclamos "de forma virtual en la misma Ventanilla Única de Defensa del Consumidor y en sitios web de las jurisdicciones, o bien de manera presencial en las dependencias municipales y provinciales". En este contexto, también destacó que la Ciudad de Buenos Aires ya adhirió a la Ventanilla Única y se resolvió la compatibilidad informática para coordinar el sistema y optimizar el tratamiento de los reclamos. "Hasta ahora, el COPREC dependía de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía", aclararon desde el Ejecutivo.

Las razones del Gobierno 

En cuanto a la eficiencia de COPREC, desde el Gobierno informaron que, en 2024, solo el 28% de los 108.762 reclamos ingresados fueron resueltos de manera efectiva. El 18% de los casos no llegaron a un acuerdo entre consumidores y empresas (14%) o lograron acuerdos parciales (4%). Además, el 7% de los reclamos fueron rechazados por no cumplir con los requisitos, y el resto, el 47%, quedó pendiente de resolución.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión de disolver el COPREC. A través de su cuenta en X, el funcionario destacó: "Seguimos desarmando el sobredimensionamiento inútil del Estado. Hoy, usando las facultades delegadas de la Ley Bases 27.742, disolvemos el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un peso muerto de casta establecido por la ley 26.993 del kirchnerismo".

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Sturzenegger también cuestionó el costo económico de la entidad, indicando que durante su existencia el COPREC "le costó al contribuyente unos 6.500.000.000 de pesos en plata del año pasado, solo para conciliar 4.350 reclamos". Para ilustrar la magnitud de esta cifra, agregó: "Cada conciliación nos costó aproximadamente 1.500.000 pesos, y los 4.350 casos representan el 0,000000004% de las transacciones realizadas en ese período".

El ministro también enfatizó que la duplicación de tareas entre el COPREC y otros organismos provinciales y judiciales resultaba innecesaria: "COPREC triplicaba la tarea que ya hace cada provincia y que también hace la Justicia". Y continuó, "esta capa de Estado implicaba crear un Registro de Conciliadores, diseñar complejos procesos de homologación, y hasta la designación de Auditores de las Relaciones de Consumo, la duplicación de la duplicación".

La disolución del COPREC marca un paso más en el proceso de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno, que continúa con la revisión y eliminación de organismos considerados innecesarios o redundantes. Sin embargo, la medida también ha generado debates sobre sus efectos en la protección de los derechos de los consumidores.

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