La Justicia tratará la situación del Hospital Bonaparte tras su intervención
Luego de que el Ministerio de Salud disponga la intervención del centro de salud mental, la Justicia validó una medida cautelar que alerta por la continuidad del establecimiento.
La Justicia habilitó la feria judicial para intervenir en la situación del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, haciendo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con motivo de los 200 despidos que se ejecutaron en el establecimiento y la actuación del Ministerio de Salud de la Nación en el marco de una "reestructuración" de la institución.
El pedido efectuado por el CELS apunta a que la Justicia "impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios", luego de que el recorte de personal administrativo y especializado ponga "en grave riesgo la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento de todo el hospital". Tras una ola de movilizaciones contra el vaciamiento del organismo dependiente de Mario Lugones, el ministro respondió con la intervención del Bonaparte.
"Desde el Ministerio de Salud se apela a la responsabilidad de la dirigencia gremial de no afectar el normal desarrollo de la atención de los pacientes y se ratifica la mesa de trabajo abierta", indicó el comunicado de la cartera sanitaria a la vez que informó la designación de Mariano Pirozzo como interventor oficial. El organismo que conduce Lugones justificó los despidos alegando una "sobredotación" del personal e indicó que el "plan de reestructuración" no afectaría las funciones que se realizaban en la institución; sin embargo, trabajadores del centro aseguraron que sí se perjudicó su funcionamiento.
"Con el despido de psicólogos y psicólogas, médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales, enfermeras y enfermeros, el hospital pierde a un tercio de su planta dejando varios servicios sin operar", comunicó el CELS. "Por las consecuencias que eso tiene en las personas usuarias del Bonaparte y por la afectación que provoca al derecho a la vida y a la salud pedimos una intervención judicial urgente", continuó.
En la presentación formal, los integrantes del centro describieron la situación crítica que el plan sanitario del Gobierno provocó en los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. "Esto incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental", sostiene el comunicado de la entidad.
El CELS también actuó durante el primer avance libertario sobre el Bonaparte cuando, en octubre del 2024, se intentó clausurar el servicio de guardia e internación. El centro afirmó que sostiene su posición de "lucha social y del colectivo de trabajadores y trabajadoras en la delicada condición en que está actualmente".
