La Justicia ordena garantizar la preservación de los sitios de memoria ante el vaciamiento estatal
La resolución responde a la denuncia de despidos masivos y vaciamiento en la Secretaría de Derechos Humanos, planteada por la legisladora Victoria Montenegro.

El juez federal Ariel Lijo resolvió que los sitios de memoria en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentales para preservar la historia del terrorismo de Estado, deben permanecer abiertos y operativos. La decisión surge tras la presentación realizada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien denunció que los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ponen en riesgo el funcionamiento de estos espacios.
“Se logró un pronunciamiento de la justicia en un contexto en el que el ministro de Justicia no cesa en sus ataques contra los organismos de derechos humanos, despide trabajadores y desmantela la Secretaría de Derechos Humanos”, afirmó Montenegro. Según la legisladora, el fallo de Lijo es una respuesta necesaria frente a “la obscenidad del gobierno nacional”.
La presentación se centró en cinco sitios de memoria vinculados con excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio: ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Este último enfrenta el riesgo inminente de cierre debido a la falta de personal, según denunció el gremio. Lijo ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos garantizar la dotación de personal capacitado y llevar a cabo el mantenimiento, limpieza y conservación de estos lugares. “La resolución asegura que se preserve la labor de quienes han trabajado durante años en la investigación y transmisión de la memoria”, destacó Montenegro.
El juez fue más allá al señalar tareas específicas como la limpieza de techos y canaletas para evitar daños en los edificios, además de la fumigación de los espacios. También ordenó que se protejan los acervos y archivos existentes y que se continúen las actividades pedagógicas y de investigación.
El fallo judicial ocurre en un contexto de denuncias hacia la gestión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, acusado de incumplir con la Ley 26.691, que obliga a preservar estos sitios como prueba judicial y memoria histórica. Eduardo Toniolli, diputado nacional e impulsor de la convocatoria al Congreso de Baños y Mariano Cúneo Libarona, sostuvo: “Los despidos masivos y el vaciamiento de políticas de memoria responden a una estrategia que combina discursos fiscalistas, negacionistas y crueles contra los trabajadores”.
Lijo ya había intervenido en el pasado para proteger estos espacios, incluida una directiva para evitar actos negacionistas en la exESMA tras denuncias de celebraciones vinculadas al Día de la Armada. Además, la Cámara Federal de Casación Penal emitió en agosto pasado una resolución similar para preservar los sitios de memoria.
El deterioro de estas políticas ha generado reacciones diversas, incluida la denuncia de espionaje durante una manifestación en la exESMA. La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que personal policial no identificado tomó imágenes de quienes protestaban. “Este gobierno intenta reescribir la historia que el pueblo argentino y el Estado reconstruyeron al condenar a los responsables del genocidio”, concluyó Toniolli.