La Provincia extendió la suspensión de la Ley sobre agroquímicos
La medida busca continuar con la adecuación de las herramientas y consensuar políticas públicas para mitigar los impactos de las fumigaciones en el ambiente, la salud y la producción agropecuaria.
El Gobierno provincial decidió prorrogar, desde el 8 de enero y por un periodo de 210 días, la Resolución 2018-246, que originalmente fue implementada durante la gestión de María Eugenia Vidal. Esta resolución había suspendido la entrada en vigencia de una ley aprobada en la Legislatura, que fue rechazada por ambientalistas debido a que no establecía distancias de seguridad para las fumigaciones y limitaba las aplicaciones cercanas a escuelas solo al horario escolar.
La exgobernadora, ante el rechazo de la normativa, suspendió la ley en febrero de 2019 y formó un equipo interdisciplinario encargado de elaborar un protocolo con modificaciones sobre la distancia de fumigación en áreas escolares. Asimismo, pidió a los productores que se abstuvieran de realizar pulverizaciones cerca de dichos establecimientos educativos.
La falta de una normativa unificada a nivel provincial generó que los municipios comenzaran a elaborar sus propias ordenanzas para regular la aplicación de productos fitosanitarios. San Antonio de Areco y Bolívar se destacaron como los primeros en implementar estas medidas municipales.
Según el comunicado oficial publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo justifica la prórroga mencionando que "se mantuvo dicha prórroga teniendo en cuenta la necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)". Este observatorio, creado en 2020 por iniciativa del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, tiene como objetivo reunir, desarrollar y aportar información técnico-científica sobre el uso de agroquímicos y sus efectos, con el fin de generar políticas públicas que promuevan la sustentabilidad del sector y la mitigación de los impactos en el ambiente, la salud y los alimentos.
Desde la cartera bonaerense indicaron que "se ha generado un diálogo con varios municipios, en algunos casos asesorándolos con la actualización de normativas que ya quedaron anticuadas". En particular, destacaron las charlas organizadas en municipios como Baradero, 9 de Julio, Chivilcoy y Campana, especialmente en situaciones complicadas.
El decreto también señala que "se continúa trabajando en diferentes adecuaciones como resultado de compartir en un ambiente voluntario de uso varios aspectos, entre ellos, el sistema de gestión integral de la receta agronómica digital". Se mencionan avances como la incorporación al sistema digital del remito y el Acta de Condiciones Técnicas de trabajo, la verificación de las máquinas de aplicación y la continuidad de las jornadas participativas para debatir sobre la eficiencia de las nuevas tecnologías.
Finalmente, el decreto hace mención al proyecto de ley que ha tomado estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Este proyecto busca establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental en cuanto a la gestión, aplicación y uso de productos fitosanitarios en la producción agropecuaria y agroindustrial.
