Desde ATE advirtieron: "Con salarios de 2023, no habrá paz social"
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, calificó como "inviable" la prórroga de la Decisión Administrativa 1/2025, que condiciona los aumentos salariales al presupuesto de cada dependencia.
La reciente publicación de la Decisión Administrativa 1/2025 generó un fuerte debate en el ámbito sindical. Esta normativa establece que los aumentos salariales de los empleados estatales deberán negociarse dentro de los límites presupuestarios de cada dependencia, lo que fue duramente criticado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En este contexto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la medida de "inviable" y de "cumplimiento imposible".
Aguiar expresó su preocupación sobre las consecuencias de esta decisión, afirmando que con los salarios actuales, establecidos en 2023, el Gobierno no podrá garantizar la paz social. "Esta decisión es inviable, de cumplimiento imposible. Con salarios del 2023, si de algo va a estar seguro el Gobierno es que no va a existir paz social", sentenció el dirigente. Además, criticó fuertemente la vinculación de los aumentos salariales a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia, sugiriendo que, de seguir así, "vamos a tener 0% de aumento anual". Aguiar también destacó que, debido a la no sanción de una nueva ley de presupuesto, en 2025 regirá el mismo presupuesto de 2023, lo que, según ATE, provocará un ajuste significativo en los salarios.
El Secretario General de ATE no escatimó críticas al Gobierno, acusándolo de utilizar la falta de un presupuesto aprobado como excusa para "asestar el golpe final sobre los ingresos" de los trabajadores públicos. "Hicieron todo para que no hubiera Ley de Presupuesto. La última norma se formuló en 2022 y acarrea más de mil por ciento de inflación. Pretenden utilizar esta prórroga para asestar el golpe final sobre los ingresos y empujar a la pobreza a todos los que prestan servicios en el sector público", afirmó Aguiar. Además, el dirigente arremetió contra funcionarios del Gobierno, como Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI), a quien acusó de promover a su pareja, María Eugenia Fanelli, a un puesto de importancia dentro del organismo. "El cinismo de estos funcionarios no tiene límites. Nos quieren ajustar a nosotros pero todos los días ascienden a sus familiares e ingresan a militantes libertarios con sueldos millonarios", concluyó Aguiar.
AHORA!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 8, 2025
EL LÍMITE A LAS PARITARIAS ESTATALES ES INVIABLE Y DE CUMPLIMIENTO IMPOSIBLE!!
LA RESOLUCIÓN PONE EN RIESGO LA PAZ SOCIAL!!
La Decisión Administrativa 1/2025 firmada por @GAFrancosOk, @fedesturze y @LuisCaputoAR, que establece aumentos salariales en el sector público… pic.twitter.com/OjsVKOuJmN
La postura del Gobierno
Por su parte, el Gobierno defendió la extensión de esta medida como parte de un esfuerzo por mantener el equilibrio fiscal. La Decisión Administrativa 1/2025 prorroga la vigencia de la medida implementada en 2024, que establece que los aumentos salariales deben ajustarse estrictamente a las previsiones presupuestarias. Esta resolución fue firmada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según el Gobierno, la medida tiene como objetivo garantizar "equidad salarial" y "homogeneidad en la negociación de salarios", además de continuar con el ajuste fiscal implementado en 2024 para avanzar hacia el equilibrio fiscal.
La medida ha causado gran malestar entre los sindicatos, que ya habían denunciado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos desde la llegada de Javier Milei al poder. Según los datos proporcionados por ATE, los salarios del sector público han perdido un 40% de su poder adquisitivo en 2024, debido a una inflación acumulada del 112%, mientras que los acuerdos salariales solo alcanzaron el 73%. En este sentido, ATE continúa exigiendo una suma fija para recuperar los salarios más bajos y compensar lo perdido en el último año. Además, la organización sindical ha señalado que los retrasos salariales han afectado especialmente al personal civil de las Fuerzas Armadas, el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el sector de Salud.
Otro tema de preocupación es la renovación de los contratos en el sector público. Según datos oficiales, más de 35 mil trabajadores fueron despedidos desde diciembre de 2024, y más de 57 mil contratos vencieron a fines de año, sin que se haya definido cuántos serán renovados.
A pesar de la reciente desaceleración de la inflación (2,4% en noviembre, según el INDEC), el Gobierno ha expresado su intención de limitar los aumentos salariales de 2025 a un porcentaje inferior a este índice, lo que ha generado más tensiones con los gremios, que exigen una actualización acorde al aumento del costo de vida. Con la prórroga de la Decisión Administrativa 28/2024 y la implementación de nuevas medidas, la gestión de Milei sigue buscando mantener un control estricto sobre el gasto público, lo que promete un año lleno de conflictos sociales y económicos, especialmente en lo que respecta a las negociaciones salariales.
