Continúa el ajuste estatal: Milei disolvió fondos clave para vivienda y agricultura
La medida, que busca achicar el Estado y reasignar recursos, generó divisiones entre el oficialismo y la oposición.
El gobierno de Javier Milei anunció este lunes la disolución de tres fondos fiduciarios mediante el Decreto 6/2025, publicado en el Boletín Oficial. Los fondos afectados son el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf).
Según el decreto, la decisión se basó en irregularidades detectadas por auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Entre los problemas señalados figuran proyectos sin justificación, falta de rendición de cuentas y obras realizadas sin documentación adecuada.
La eliminación de estos fondos fiduciarios no es un hecho aislado. En noviembre de 2024, el Ejecutivo ya había tomado medidas similares al suprimir el Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce). En aquel entonces, el argumento principal fue el incumplimiento de objetivos y el elevado costo que representaba para el Estado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha reiterado en diversas oportunidades que estas decisiones buscan "reasignar recursos a sectores prioritarios y eliminar lo que llamamos ‘cajas políticas’”.
Detalles de los fondos eliminados
El Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado por la Ley 27.078, estaba destinado al desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las auditorías revelaron la existencia de programas sin sustento documental y la ausencia de registros sobre su cumplimiento.
Por su parte, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, establecido bajo la Ley 27.341, fue cuestionado por la falta de rendiciones finales en obras terminadas y la ausencia de devolución de fondos en proyectos rescindidos.
En el caso del Fideicomiso del Prodaf, que ofrecía acceso al crédito para la agricultura familiar, el decreto señala que el fondo ya había cumplido con sus objetivos originales.
Desde el oficialismo, la medida es presentada como un avance hacia la eficiencia y la transparencia. Sin embargo, sectores opositores cuestionan la decisión por considerar que afecta programas clave destinados a los sectores más vulnerables.
La Comisión Bicameral Permanente del Congreso analizará esta decisión, tal como lo estipula la Ley 26.122, lo que abre un nuevo capítulo en la controversia por el achicamiento del Estado.
El proceso de liquidación estará guiado por normativas específicas, como el Decreto 695/2024 y la Resolución 796/2024. Los fiduciarios tendrán la responsabilidad de garantizar una administración adecuada de los activos y pasivos, cumpliendo con las obligaciones legales y contractuales en juego.
La medida, enmarcada en la estrategia de reforma estatal del gobierno, sigue dividiendo opiniones en el panorama político nacional.
