Es oficial: Milei extiende un presupuesto desfasado y deja en vilo a las provincias
El Gobierno Nacional oficializó, por decreto, la prórroga del presupuesto de 2023 para 2025, una medida que refleja la falta de consensos políticos y genera fuertes críticas por su impacto en las finanzas públicas.
En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, el Gobierno Nacional dispuso que el presupuesto de 2023 continúe vigente durante 2025. Esta medida fue oficializada mediante el decreto 1131/2024, publicado el 30 de diciembre en el Boletín Oficial, marcando la extensión por segundo año consecutivo de las disposiciones presupuestarias del mismo ejercicio fiscal. La decisión responde a la falta de consenso en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Presupuesto.
El texto del decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que a partir del 1° de enero de 2025 regirán las mismas pautas presupuestarias de 2024, con las adecuaciones necesarias para garantizar la continuidad administrativa.
La prórroga del presupuesto refleja la complejidad del escenario político y financiero que enfrenta el país. Durante las sesiones ordinarias de 2024, el Congreso no logró alcanzar acuerdos entre oficialismo, oposición y gobernadores para aprobar un nuevo proyecto presupuestario. El proyecto presentado en septiembre incluía iniciativas como la ratificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y la eliminación de la indexación de las asignaciones familiares, pero quedó estancado por falta de consenso.
En noviembre, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, decidió suspender el dictamen que hubiera permitido debatir el proyecto en el recinto. Posteriormente, Luis Caputo descartó convocar a sesiones extraordinarias, argumentando que “priorizar el equilibrio fiscal es más importante que forzar una aprobación con concesiones”.
El presupuesto original de 2023, estimado en $40,2 billones, fue ampliado mediante decretos presidenciales hasta alcanzar los $95,9 billones debido a la inflación acumulada en 2024. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), para 2025 se proyecta un margen de discrecionalidad de $20 billones, basado en ingresos estimados en $115,2 billones y una inflación del 18%.
Aunque el superávit financiero acumulado en octubre de 2024 fue de $1,82 billones, la falta de un nuevo presupuesto limita las reformas estructurales y otorga al Ejecutivo mayor discrecionalidad en la asignación de recursos. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) advirtió que esta situación podría afectar negativamente la coparticipación tributaria y el financiamiento de las cajas previsionales provinciales.
Desde la oposición se cuestionó la medida, alegando que concentra el poder en el Ejecutivo y carece de transparencia. Por su parte, el Gobierno defendió la decisión argumentando que busca “garantizar la estabilidad financiera y la continuidad de los servicios esenciales” en un contexto de desacuerdos legislativos. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo enfatizó la necesidad de evitar un “vacío normativo que podría agravar las tensiones económicas”.
Consecuencias de la continuidad presupuestaria
Recursos y créditos prorrogados: Los montos vigentes al cierre de 2024 se mantendrán, ajustados según lo permita la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
Facultades al Jefe de Gabinete: Guillermo Francos podrá realizar modificaciones presupuestarias para asegurar el funcionamiento del Estado.
Inflación y margen de maniobra: Aunque se estima una inflación menor, los recursos discrecionales del Gobierno se reducirán significativamente respecto a 2024.
El decreto 1131/2024, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2025, plantea un nuevo desafío para la administración de Javier Milei. Mientras enfrenta las críticas de la oposición, el Gobierno deberá consolidar su modelo económico sin una nueva herramienta presupuestaria, en un escenario de alta incertidumbre política y económica.
