El Gobierno nacional vendió una sede del INTA, pese a denuncias por irregularidades
En el marco del desguace de organismos estatales que lleva adelante el Ejecutivo, este lunes se subastó el edificio del INTA que se encuentra en Palermo; horas antes, un fiscal había advertido inconsistencias y un inexplicable apuro en el procedimiento.
Este lunes, el Gobierno nacional vendió por 18,5 millones de dólares el edificio en Palermo que funcionaba como sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de su plan de vender más de 300 propiedades públicas. Lo hizo a través de una subasta organizada por la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE), donde fijó un precio inicial de 6.378.968 dólares, que fue escalando hasta casi triplicarse.
Desde el Gobierno consideraron que la subasta del histórico edificio fue "la más grande de su historia" y se adjudicó, junto a la AABE, a cargo de Nicolás Pakgojz, como "un nuevo hito sumado para este fin de año".
"La subasta digital, que se realizó en el sistema Compr.ar, contó con 17 oferentes presentes que pujaron hasta 40 minutos después del horario inicial de cierre", contaron. La instancia tuvo inicio a las 10 de la mañana, tal como se había programado, pese a las denuncias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la Procuraduría General de la Nación.
A horas de que se realice la venta del edificio, el fiscal Sergio Rodríguez envió un dictamen de 14 páginas la presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y al de la AABE, Pakgojz, para informarles que se habían recibido cinco denuncias sobre irregularidades en el procedimiento, cuatro anónimas y una presentada por un trabajador rural. Además, Rodríguez advirtió el extraño apuro del organismo para deshacerse del edificio y alertó sobre un "escenario fértil para posibles hechos de corrupción administrativa".
Con este dictamen como bse, gremios y organizaciones de productores pidieron a la AABE que suspenda la subasta, pero la agencia hizo caso omiso. Desde la Asociación del Personal del INTA (APINTA) cuestionaron la transparencia del proceso y su legalidad, así como, días atrás, solicitaron un informe de información pública para tener conocimiento de los detalles de la venta.
Pese a todo esto, el inmueble fue otorgado al oferente ganador, a quien la AABE impuso una serie de normativas de construcción que incluyen el desarrollo de al menos el 75% de la superficie cubierta máxima permitida.
