"El disenso en riesgo": Amnistía Internacional denunció un aumento de la represión estatal
El organismo relevó "cifras alarmantes" desde la puesta en marcha del "Protocolo Antipiquetes" del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional observó las consecuencias de la implementación del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, conocido también como Protocolo Antipiquetes, y alertó que en al menos unas 15 manifestaciones la respuesta estatal al disenso se caracterizó por un uso excesivo de la fuerza.
"Observamos un uso abusivo y desproporcionado de gases lacrimógenos y balas de goma, así como el uso de bastones o 'tonfas', por parte de las diferentes fuerzas policiales, incluida la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvieron.
Los números relevados indicaron que, hasta el momento, hubo al menos 1.155 personas heridas como consecuencia del accionar violento de las fuerzas durante las protestas. En tanto, 33 personas recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión; 50 periodistas fueron heridos mientras trabajaban en las manifestaciones; y 73 personas fueron criminalizadas por participar de las protestas.
El aumento de la represión alcanzó "incluso, casos emblemáticos, donde niños y niñas fueron afectados por la violencia".
La implementación del protocolo también supuso un riesgo para la documentación de las protestas y el accionar de las partes, ya que numerosos periodistas, movileros y camarógrafos fueron agredidos mientras trabajaban. "Solamente en las protestas en la plaza del Congreso mientras se debatía la ley ómnibus, se contabilizaron 35 periodistas o comunicadores sociales que fueron agredidos mientras cumplían sus funciones. En su gran mayoría, portaban pechera con la insignia de Prensa, credencial, y/o cámara de fotos colgada cubriendo los hechos",
Desde Amnistía aclararon que todas "estas cifras son aproximadas, ya que no se cuenta con cifras oficiales, sino que es un dato construido con informes publicados por la Comisión Provincial por la Memoria hasta el 20 de noviembre 2024 y entrevistas realizadas por Amnistía Internacional".
En octubre, la entidad se presentó en la Justicia para reclamar datos oficiales sobre el despliegue de los operativos policiales, luego de que la información fuera denegada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Incluso, denunciaron la falta de transparencia del organismo por entregar en varias ocasiones información parcial sobre la actuación policial.
Este aspecto se ha visto reflejado durante el caso de la nena de 10 años que fue gaseada por la policía, cuando un medio de comunicación emitió durante el prime time un video presuntamente enviado por el organismo de Seguridad que resultó ser falso.
Por otro lado, la ONG denunció la criminzalización de las manifestaciones de disenso por parte de las autoridades nacionales. Las declaraciones en que reconoció esta intención maliciosa correspondieron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el presidente Javier Milei. Entre los argumentos de los funcionarios, se encontraban la advertencia por "grupos terroristas" y la presión de la población beneficiaria de planes sociales.