Por decreto, el Gobierno redujo a 18 años la edad para portar armas

El Gobierno Nacional introdujo una reforma clave en la Ley Nacional de Armas y Explosivos (N.º 20.429) a través del Decreto 1081/2024, publicado en el Boletín Oficial el 10 de diciembre. Esta modificación reduce de 21 a 18 años la edad mínima para que los ciudadanos puedan ser considerados legítimos usuarios de armas, alineando así la normativa con el Código Civil y Comercial, que establece la mayoría de edad a los 18 años.

El cambio afecta directamente el artículo 55 de la reglamentación de la ley, permitiendo a los mayores de 18 años acceder a la adquisición, tenencia y portación de armas, siempre que cumplan ciertos requisitos:

- Carecer de antecedentes policiales o penales.
- Acreditar sus datos personales ante las autoridades competentes.
- No presentar condiciones psíquicas o físicas que impidan el manejo responsable de armas.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entrará en vigencia el 11 de diciembre.

Desde el Gobierno destacaron que esta reforma se enmarca en un proceso de modernización administrativa vinculado a la tenencia de armas. En mayo pasado, se presentó un proyecto de ley destinado a simplificar los trámites para la declaración de armas de fuego y la solicitud de destrucción anónima de las mismas. Esta iniciativa busca regularizar más de 800.000 armas en situación irregular y establecer un registro más eficiente y transparente.

Además, se anunció la extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años más. Este programa permite a los ciudadanos entregar armas no declaradas sin enfrentar sanciones legales, contribuyendo a la reducción de la violencia armada y la circulación de armas ilegales.

El Gobierno justificó estas medidas como parte de un plan integral para combatir a los delincuentes armados y mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, la reducción de la edad mínima para la tenencia de armas ha despertado preocupación en algunos sectores, que advierten sobre los riesgos de una mayor proliferación de armas en la sociedad.

La implementación de esta reforma promete abrir un intenso debate en torno a su impacto en la seguridad pública, enfrentando argumentos tanto a favor como en contra.