¿Quién es quién en el entramado de la causa de las fotomultas que complica a un ministro bonaerense?

El escándalo por las fotomultas en la provincia de Buenos Aires destapó lo que parecería ser una compleja red de corrupción que involucraría a jueces, funcionarios, empresarios y abogados, y tiene en el centro de la investigación al ministro de Transporte de la provincia, Jorge D'Onofrio, quien aparece como el principal apuntado por esta causa, aunque para entender el fondo de la cuestión y las irregularidades que busca certificar la justicia, es necesario conocer a otras figuras que están siendo investigadas como parte fundamental de la supuesta trama de corrupción. 

El ministro de Transporte fue el primer apuntado en la causa de los "sacamultas", y hasta hace apenas unas horas se mantuvo al margen de la denuncia, sin embargo en declaraciones recientes D'Onofrio, no solo defendió su gestión asegurando que la política de seguridad vial se ha vuelto más ágil y transparente desde su llegada al ministerio, sino que arremetió contra un empresario proveedor del Estado y lo señaló como el artífice de lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. 

Además, en declaraciones públicas, D'Onofrio ha mencionado que recibió amenazas de muerte por parte de su denunciante, aunque dijo sentirse "confiado" en que las pericias demostrarán que no hay pruebas del supuesto borrado de multas. 

El empresario al que señala el ministro sería Leandro Camani, director de la empresa Secutrans y Tránsito Seguro, una firma que tiene vínculos con la instalación de las cámaras de fotomultas en los Municipios y que aparece salpicado por otra causa que  a universidades y fundaciones que evitarían las licitaciones públicas.

Los protagonistas judiciales 

Mario Quatrocchi, juez de Faltas provincial en La Plata y que subrogaba en San Isidro, es otro de los protagonistas. Según la denuncia, sería uno de los brazos ejecutores de las resoluciones, ya que es designado por el propio poder político a través del Ejecutivo provincial. También se menciona a los otros jueces de falta provinciales Marcelo Peralta, de Mar del Plata, Azul y Dolores; Alicia Parente de Junín con asiento en Chivilcoy; Gonzalo Hernán Vazquez Pol de Lomas de Zamora; y Miriam Viviana Roldán de Merlo. 

Quatrocchi tiene sociedad en un estudio jurídico con el abogado Eduardo Navarro. Ambos son también parte societaria de una reconocida cervecería ubicada en una esquina tradicional de la Ciudad de La Plata, famosa por sus pisos llenos de cáscara de maní y su pan dulce artesanal que produce todo el año. 

Según fuentes cercanas a los denunciantes, Navarro podría ir viendo complicarse su situación a medida avanza la investigación, no solo por sus vínculos con el magistrado, sino también debido a su muy estrecha relación con la ex concejala Claudia Pombo, por el momento la única persona "desplazada" por el escándalo. 

Una concejal cuestionada y desplazada

Tanto Navarro como el juez señalado tienen vinculación con Pombo, como demuestran las fotos que acompañan esta nota. La dirigente se hizo tristemente célebre en las últimas horas ya que en una sesión express fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar y ahora esta siendo investigada como uno de los engranajes de la maquinaría que permitía eliminar fotomultas en territorio bonaerense. 

A Quatrocchi, Navarro y Pombo se los ha visto sumando millas en reiterados viajes a España, y se les atribuye la propiedad de un local gastronómico allí, aunque el propio ministro D´Onofrio aseguró que el restaurante sería de un conocido suyo. 

Según el relato de fuentes judiciales, fue Eduardo Navarro quien habría acercado a Pombo a la estructura denunciada, resultado de un vínculo muy estrecho que ya tenía con ella desde antes de su desembarco en La Plata. Juntos compartían un emprendimiento en Pilar y tenían una activa vida de encuentros sociales con empresarios de la zona norte.

Pombo está entonces bajo la lupa judicial en los tribunales de La Plata y Campana y tiene una causa previa por “peculado” por sustraer caudales públicos correspondientes a montos recaudados en concepto de impuestos y trámites registrales cuando era titular del Registro Automotor Nº2 de San Miguel. 

La investigación

La causa que tramita en la fiscalía de Álvaro Garganta tiene acusaciones de delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no es la única que tiene a D'Onofrio en la mira, y que existe otra denuncia vinculada a la VTV, que está en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charbay. En ese caso el denunciante es el abogado Pedro Aribe, en representación de la empresa Secutrans, de Leandro Camani, y apunta a concesiones por la Verificación Técnica Vehicular, por la existencia de contratos de tecnología con las concesionarias del servicio dentro de la esfera pública.