La Secretaria de Energía anunció el fin de los subsidios generalizados en las tarifas
El Gobierno Nacional avanza hacia la implementación de un sistema de subsidios focalizados que priorice el consumo eficiente. La secretaria de Energía, María Tettamanti, aseguró que el nuevo esquema buscará garantizar tarifas justas y cubrir costos reales.
Los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, particularmente en electricidad y gas, parecen lejos de finalizar. El Estado nacional, que destina una porción significativa de su presupuesto en subsidios, busca reducir progresivamente esta carga. Con la intención de ajustar estos costos, la Secretaría de Energía prepara un cambio en la política tarifaria.
"Hay que corregir los precios regulados", afirmó María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación, durante su participación en el evento Energy Day, organizado por Econojournal para el sector energético. En su intervención, Tettamanti confirmó la eliminación de la segmentación tarifaria implementada por el gobierno anterior. “La idea es ir a una tarifa focalizada, similar a una tarifa social, con un esquema que fomente la eficiencia en el uso”, detalló la funcionaria. Este nuevo enfoque implica que los subsidios se limitarán a un consumo base, y cualquier excedente deberá ser abonado a precio pleno.
Los cambios que se vienen
La secretaria adelantó que el nuevo esquema tarifario está próximo a ser presentado, aunque persisten temas pendientes como la Revisión Tarifaria Integral (RTI). "No debería ser difícil ir a una tarifa justa y razonable", consideró, añadiendo que el ritmo de implementación dependerá del análisis técnico: “Veremos si se puede hacer de una sola vez o en dos o tres pasos, como se hizo en 2017”.
Al día siguiente de las declaraciones de Tettamanti, se publicó la Resolución 384/24, que extiende hasta el 31 de mayo de 2025 el esquema actual de segmentación tarifaria. Este período adicional permitirá al Gobierno definir y ajustar el sistema de subsidios focalizados, que buscará equilibrar los costos, fomentar la inversión privada y garantizar una rentabilidad razonable para las empresas del sector.
Según la norma, el objetivo es establecer una tarifa que sea justa y razonable, cubra los costos reales y contemple amortizaciones necesarias para el desarrollo de infraestructura. Tettamanti señaló que este sistema también incentivará el uso eficiente de los recursos energéticos.
Un dato clave ilustra el impacto del cambio: En noviembre pasado, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cubrieron solo el 53% de los costos reales de los servicios públicos, mientras que el Estado asumió el resto mediante subsidios. Este desbalance, que el Gobierno libertario considera insostenible, es el foco de la nueva estrategia energética.
Si bien los detalles finales del esquema están pendientes, el rumbo parece claro: una política que busca reconfigurar el acceso y el costo de los servicios públicos en el país, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad económica.
