Incertidumbre por cientos de despidos en una importante empresa avícola
El Gobierno nacional autorizó a Granja Tres Arroyos implementar el Procedimiento Preventivo de Crisis y crece la preocupación por la continuidad de los puestos laborales. En octubre, la compañía ya había cerrado una planta.
La empresa Granja Tres Arroyos, que emplea a miles de personas en la Argentina y en Uruguay, recibió la autorización del Gobierno nacional para implementar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y justificar el despido o suspensión de sus trabajadores como respuesta a circunstancias de fuerza mayor, al igual que otras cuatro grandes firmas que recortaron personal de su plantas debido a la crisis.
La compañía avícola ya había cerrado una de sus plantas en Tristán Suárez a fines de octubre, por lo que cientos de empleados perdieron sus puestos. Ahora, otros 700 de las plantas de Ezeiza, Esteban Echeverría y Capitán Sarmiento se encuentran en una situación crítica y denuncian que las autoridades de Granja Tres Arroyos intentarán bajar sus salarios para reducir los costos de la empresa.
Desde la Secretaría de Trabajo de la Nación indicaron que el recurso le fue concedido a la firma para prevenir "la falta de sostenibilidad económica de la empresa en el tiempo". En este sentido, la empresa había argumentado que atravesaba una compleja situación financiera frente a la caída de ventas en el mercado internacional, especialmente por el cierre del mercado chino tras la gripe aviar, y tenía dificultades para abastecerse de materia prima.
Pese al buen contexto en que se encuentra el sector, con un crecimiento de las exportaciones de 20% en toneladas en lo que va del 2024, según la Secretaría de Agricultura, desde Granja Tres Arroyos indicaron aún no poder recuperarse de las consecuencias de la influenza y esperan la reapertura del país oriental.
Cabe señalar que el PPC, contemplado en la Ley nacional N° 24.013, le permite a las entidades solicitantes despedir o suspender a sus empleados en circunstancias de fuerza mayor, por causas económicas o tecnológicas no imputables al empleador.
El mecanismo ya había sido implementado por las empresas de neumáticos Bridgestone y Fate a mediados de julio ante la caída de las exportaciones y en el mercado interno. Recientemente, la cerealera Vicentín también solicitó la apertura del procedimiento y puso en alerta al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), que anticipó paros si la empresa avanza sobre los salarios y los puestos de trabajo.
