Fuerte repudio de la Iglesia a la eliminación del fondo destinado a las víctimas de trata

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó este viernes su "más profunda preocupación" por la disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas, una medida tomada por el gobierno del presidente Javier Milei. Este fondo, creado en 2019, tenía como objetivo ayudar a las víctimas de trata y explotación de personas mediante la administración de bienes decomisados en causas judiciales relacionadas con estos delitos, así como con el lavado de activos derivados de los mismos.

A través de un comunicado, el Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que forma parte de la CEA, afirmó que la decisión de disolver este fondo "representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas". El grupo recordó que Argentina había logrado avances significativos en la lucha contra la trata de personas, colocando al país "en la vanguardia de la lucha contra este delito, el más grave que se pueda cometer contra la libertad y dignidad humana".

El comunicado también destacó que el fondo no dependía de recursos del erario público, sino de "activos provenientes del delito que debía administrar el Estado", lo que, según la CEA, hacía que su funcionamiento fuera independiente del presupuesto nacional. "No insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado", señalaron desde la CEA.

La disolución del fondo ha generado gran preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes alertan que la falta de mecanismos alternativos de asistencia puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas de trata. En su comunicado, el Equipo No a la Trata aseguró que esta medida solo puede "tener como consecuencia la mayor vulneración de las personas que padecieron la esclavitud en carne propia y fueron rescatadas de las garras del delito". Además, subrayaron que "lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas".

¿Qué otros fondos eliminó el Gobierno?

En paralelo, el gobierno de Javier Milei también ha dispuesto la disolución de otros fondos fiduciarios públicos bajo la Ley Bases, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar" fondos fiduciarios. Según el gobierno, la disolución se basa en auditorías internas que revelaron "incumplimiento de los objetivos", "ausencia de controles confiables" y "administración costosa para el Estado", entre otras irregularidades.

Uno de los fondos disueltos es el Fondo Fiduciario Para El Desarrollo De Capital Emprendedor (FONDCE), destinado a financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor. En su justificación, el gobierno explicó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó "debilidades en la gestión de inversiones y su recupero", así como falta de "manuales operativos y de procedimientos", entre otras fallas en la administración.

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Otra de las medidas adoptadas fue la disolución del Fideicomiso Para La Refinanciación Hipotecaria, el cual había sido creado para implementar el Sistema de Refinanciación de Hipotecarios, pero que, según la SIGEN, presentaba "debilidades importantes" en su funcionamiento, incluida la falta de auditoría externa y demoras en la rendición de cuentas.

El decreto también dispuso el cierre del fideicomiso del Programa De Inversiones Estratégicas, que tenía como objetivo invertir en sectores estratégicos para el Estado Nacional. El gobierno justificó esta medida señalando que "no se han integrado los bienes al fideicomiso", por lo que, ante la falta de funcionamiento, "no hay motivos que justifiquen su permanencia".

Finalmente, se dispuso la disolución del Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero Del NOA (Proicsa), que desde 2020 no ha tenido actividad relacionada con desembolsos.