El Gobierno cierra cinco fondos fiduciarios por supuestas irregularidades
La medida, basada en una auditoría de la SIGEN, tiene como objetivo optimizar la gestión de los recursos públicos y corregir desvíos administrativos.
El Gobierno Nacional dispuso la disolución de cinco fondos fiduciarios luego de detectar debilidades significativas en su funcionamiento, basándose en una auditoría que reveló mal uso de recursos, falta de controles y ausencia de resultados, según lo que argumentó el Ejecutivo. La medida, establecida mediante el Decreto 1048/24 y publicada en el Boletín Oficial, forma parte de un plan de revisión y saneamiento de los Fondos Fiduciarios Públicos impulsado por el Ministerio de Economía.
Los Fondos cerrados son: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, el Fondo Fiduciario del Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE) y el Fondo Fiduciario del Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
Según el Ministerio de Economía, estos cinco fondos mostraron “un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”. El informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) fue el que identificó irregularidades como incumplimientos en pagos, morosidad en los fondos reembolsables y la ausencia de indicadores de gestión. En este sentido, desde la cartera económica afirmaron: “Las disoluciones buscan resolver ineficiencias y desvíos en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
Detalles sobre los fondos cerrados
El FONDCE, creado en 2017 para financiar emprendimientos, presentó altos niveles de morosidad y deficiencias operativas. Al cierre de 2023, el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota, acumulado una morosidad de 70 millones de pesos. “Este incumplimiento comprometía la estabilidad financiera del fondo”, señaló Economía.
Respecto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, la SIGEN encontró que los recursos colocados excedían sus necesidades operativas y que las bases de datos no estaban actualizadas, dificultando el seguimiento de los deudores.
El PROINE, creado en 2020 para fomentar inversiones estratégicas, no habría registrado ingresos ni operaciones fiduciarias en sus cuatro años de existencia. “Ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia”, argumentó el decreto oficial.
Garantías y continuidades en los objetivos
El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, encargado de administrar bienes decomisados en casos de trata, fue disuelto debido a múltiples irregularidades, como incumplimientos en los pagos a las víctimas y demoras en los plazos establecidos. Sin embargo, el Gobierno garantizó la continuidad de la atención a las víctimas mediante partidas presupuestarias gestionadas por el Ministerio de Justicia.
Finalmente, el PROICSA, creado en 2012 para apoyar el sector azucarero del NOA, dejó de recibir financiamiento en 2020. Su cierre busca ahorrar costos y traslados la administración al Ministerio de Economía. “La ausencia de controles y la discrecionalidad en los créditos otorgados hacen inviable su continuidad”, concluyó la cartera económica.
