El Gobierno disolvió el ENOHSA y pone en riesgo 116 obras hídricas en todo el país
La medida afectará a 230 empleados y desató críticas por parte de sindicatos y sectores de la oposición, que advierten sobre sus consecuencias para el acceso al agua en diversas regiones del país.
El gobierno de Javier Milei publicó el Decreto 1020/2024 en Boletín Oficial, ordenando la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA). Esta medida, que se pondrá en marcha en los próximos 30 días, afectará a 230 trabajadores y pondrá en riesgo la continuidad de 116 obras en curso en diversas regiones del país.
El ENOHSA, creado en 1995 con el objetivo de planificar y gestionar proyectos de infraestructura hídrica y sanitaria, será reemplazado en sus funciones por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Economía de Luis Caputo. Desde el gobierno se argumenta que la disolución de este organismo responde a la necesidad de “optimizar los recursos del Estado” y evitar la duplicación de funciones. Según el texto oficial del decreto, la integración de las tareas del ENOHSA permitirá “una gestión más ágil y centralizada de los recursos hídricos” en la administración pública.
Esta reestructuración se encuentra dentro del ya conocido “plan motosierra” impulsado por el Ejecutivo y llevado a cabo por Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El primero incluso llegó a calificar al ENOHSA como “un antro de corrupción”. La disolución del organismo es una medida más de este tipo adoptada por el gobierno en los últimos días, luego del cierre del fondo fiduciario Procrear, el anuncio de privatización de Trenes Argentinos, la desregulación del Correo Argentino así como los servicios de rampa en los aeropuertos y la intervención de la Casa de Moneda, todas medidas que también implicaron ajustes en personal y operaciones.
Disolución y despidos, un clásico libertario
El decreto ha generado una fuerte oposición entre los sindicatos y sectores de la oposición política. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias expresó su preocupación por la estabilidad de los 230 empleados del ENOHSA, además de manifestar su inquietud sobre el futuro de las 116 obras en ejecución, que están vinculadas al acceso al agua potable en disolución como “una medida precipitada” que podría afectar gravemente el desarrollo de proyectos clave para la infraestructura hídrica del país.
Por otro lado, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional deberá evaluar el decreto en los próximos días para determinar su validez y decidir si lo ratifica o lo modifica. Esta situación reavivó el debate en torno a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei, que desde el inicio de su mandato ha priorizado la reducción del aparato estatal.
Con esta reorganización, el gobierno de Milei continúa avanzando en su plan de reformas estructurales, que incluyen una reconfiguración de los organismos públicos con el fin de focalizar los recursos en proyectos considerados prioritarios. Sin embargo, las críticas persisten, y muchos sectores de la sociedad se cuestionan si estas medidas realmente mejorarán la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento o, por el contrario, tendrán consecuencias negativas en el desarrollo de las regiones más vulnerables del país.
