El Gobierno forzará la jubilación de 10.000 empleados públicos

En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno Nacional dispuso el inicio de los trámites jubilatorios para aquellos miembros del personal de planta permanente que cumplan con los requisitos necesarios para acceder al sistema previsional. Fuentes oficiales informaron que hay aproximadamente 10.000 personas en la administración pública que reúnen estas condiciones.

La medida fue oficializada a través de la publicación de la resolución 3/2024, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, en el Boletín Oficial. “Actualmente hay alrededor de 10.000 personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente”, detallaron voceros del Ministro de Desregulación.

Con esta normativa, el Gobierno exigió a los titulares de las entidades correspondientes a intentar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, al personal que cumpla  con las condiciones establecidas por la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones a iniciar los trámites necesarios para ingresar al régimen previsional.

Esta resolución se alinea con lo establecido en la reglamentación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que formalizó la reforma del empleo público. En esta normativa, se señala que aquellos empleados que se encuentran en situación de jubilarse y hayan sido afectados por el proceso de reorganización del Estado serán reubicados hasta que puedan acceder al sistema previsional.

Además, se autorizó a las autoridades cuyo rango no sea inferior al de secretario, o equivalente en jurisdicciones u organismos descentralizados, a solicitar una autorización excepcional para prorrogar el plazo a seis meses. Esta prórroga se aplicará a “aquellos agentes de Planta Permanente cuya continuidad se requiera por razones de servicio debidamente fundadas en una necesidad estratégica para el normal funcionamiento del área”.

Para solicitar esta prórroga, que deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, se deberá realizar un trámite electrónico especificando todos los datos del empleado en cuestión. 

Con estas medidas, el Gobierno avanza en la reestructuración de la organización estatal. Entre los cambios más destacados, se incluye el examen de idoneidad de los cerca de 40.000 empleados que componen la planta de trabajadores, tanto transitorios como permanentes.

La evaluación se llevará a cabo en diciembre, cuando vencen las contrataciones. Para renovar sus contratos, los empleados deberán aprobar este examen. “El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Sólo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte”, explicó Sturzenegger al anunciar la reglamentación de este capítulo de la ley a principios de agosto.

La máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, así como de las previsiones pertinentes en cuanto a las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública. La Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, que deberá expedirse en un plazo de cinco días.