Guerra de Malvinas: Pidieron la detención de diez militares por torturas a soldados
La fiscalía de Río Grande pidió la detención y la indagatoria de diez militares de alto rango por torturas a conscriptos durante la Guerra de las Malvinas.
El fiscal federal de Río Grande (Tierra del Fuego), Marcelo Rapoport, pidió la detención y declaración indagatoria de diez militares, entre ellos personal jerárquico de las Fuerzas Armadas, acusados ??de aplicar tormentos a tres soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas. La causa investiga delitos calificados como crímenes de lesa humanidad contra los jóvenes convocados al Servicio Militar Obligatorio.
Los imputados ocupaban las jefaturas de la Brigada de Infantería III y del Regimiento de Infantería 4, así como las planas mayores de ambas reparticiones. También se desempeñaron como jefes de Secciones o subalternos. Se los acusa de haber ordenado y ejecutado actos de tortura en perjuicio de las tres víctimas; puntualmente, entre ellas imposición de tormentos como "entierramientos" y “estaqueamientos”; además de haberles ordenado firmar un "pacto de silencio".
Según advirtió el fiscal Rapoport, las torturas “no fueron acontecimientos aislados e inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores”. Según el letrado, las prácticas de tormentos fueron “generalizadas” y se utilizaban como una forma de “controlar los problemas de la tropa relacionados con la falta de víveres y abrigo".
También señaló que “la falta deliberada de alimentos por la no distribución de los mismos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”.
“Ello demuestra que cada uno de los hechos delictivos que integran esta presentación no sólo contó con ejecutores directos, sino también con personas que ordenaron la comisión de esos crímenes y generaron las condiciones para su ocurrencia”, sostuvo el fiscal.
Según consta en las distintas presentaciones de la fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas ordenaron y ejecutaron durante la guerra diversos actos de tortura contra cientos de soldados conscriptos, como los “estaqueamientos”, que consistieron en atar desde sus extremidades a las víctimas, y “enterramientos”, con la tierra al cuello, y la inmersión en aguas heladas, a lo que se sumó el ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío.
La causa, que se inició en 2006, no tiene avances desde mayo del 2021, después de un pronunciamiento dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, determinó por mayoría que otros hechos similares a los impulsados ahora no eran delitos de lesa humanidad y que, por ende, se encuentran prescriptos.
Ese fallo fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien había calificado los delitos como de lesa humanidad, optó por aguardar ese pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.
Cabe destacar que la investigación inició por una denuncia presentada por un ex soldado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y luego ante el MPF. A esta denuncia inicial, se sumaron otras, que describieron los tormentos padecidos a mano de sus superiores durante su participación en el conflicto bélico.
Los denunciados son Diego Soria, Ricardo Cordon, Clemente Pecora, Jorge Echeverría, Jorge Chaud, Carlos Lopez Paterson, Jorge Farinella, Alejandro Moughty, Orlando González y Rafael Barrientos.
Los hechos:
La reciente presentación del fiscal Rapoport se centra en dos incidentes ocurridos en Monte Kent y Monte Dos Hermanas, en la Isla Soledad, cerca de Puerto Argentino, durante el conflicto de Malvinas.
El primer hecho, a fines de mayo de 1982, involucra a dos soldados castigados por dos cabos, quienes los ataron por la espalda, con los brazos y piernas extendidos, durante toda una noche, como reprimenda por quedarse dormidos debido al cansancio y la falta de alimentación.
Las dos víctimas cayeron prisioneros de guerra de los ingleses entre el 10 y el 12 de junio, y viajaron de vuelta al continente en el Buque Canberra. Arribaron a Puerto Madryn y de allí fueron enviados a la guarnición militar de Campo de Mayo, donde estuvieron 4 o 5 días “engordando”. La fiscalía describió que allí los hicieron firmar unos papeles y les impusieron un “pacto de silencio” respecto a lo vivido en las islas.
El segundo hecho involucró a un soldado indígena que denunció malos tratos y discriminación. En mayo de 1982 fue estaqueado sobre una roca durante aproximadamente cinco horas bajo una tormenta de nueve, con la ropa puesta pero desabrochada la chaqueta. Al igual que las otras víctimas, fue obligado a firmar documentos en Campo de Mayo para no hablar sobre lo sucedido.
