El Senado aprobó la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos
La reforma de la Ley 26.879, promovida desde el Ministerio de Seguridad, recibió 39 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones; pero el registro quedó bajo la órbita de Justicia. Duros cuestionamientos del bloque de Unión por la Patria.
El Senado de la Nación sancionó por unanimidad una ley que extiende el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos, originalmente limitado a delitos contra la integridad sexual, a la investigación de otros crímenes graves como homicidios, narcotráfico y robos agravados. La aprobación de la inciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, contabilizó 39 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones, todas de Unión por la Patria que había pedido que el proyecto vuelva a comisión.
Si bien la iniciativa original proponía trasladar el registro de la órbita de la cartera de Justicia a Seguridad, el cambio fue rechazado tanto en Diputados como en el Senado, por lo que seguirá bajo la administración de Mariano Cuneo Libarona.
Al respecto, la senadora radical santafesina, Carolina Losada, destacó que la ampliación del registro genético “no debería generar grietas” dado que permitirá identificar con mayor eficacia a violadores y asesinos, así como a quienes no cometieron delitos.
Por su parte, su par bonaerense y presidente del Comite Provincia de la UCR, Maximiliano Abad, agregó que la ley representa un paso importante en la modernización de la investigación criminal y en el perfeccionamiento de las capacidades del Estado. De acuerdo a lo afirmado por Abad, el proyecto “tiene dos lecturas”, y precisó: “Una que es propia e intrínseca al proyecto que estamos debatiendo y tiene que ver con la modernización de la investigación criminal para poder esclarecer delitos”.
“La segunda lectura es mucho más amplia y tiene que ver en cómo se optimiza la capacidad del Estado para dar respuesta y mejores servicios a los ciudadanos”, explicó y sumó: “El paso que estamos dando hoy se circunscribe dentro de un gran desarrollo que ha tenido la genética a lo largo del tiempo en nuestro país que comenzó con un hecho importante hace 50 años cuando se creó el Centro Nacional de Medicina Genética y en 1987 con la creación del Banco de Datos Genéticos que es una institución prestigiosa y reconocida en el exterior y permite identificar vínculos biológicos de personas que sospechan ser hijos de desaparecidos”.
En cambio desde Unión por la Patria, el senador Oscar Parrilli (quien pidió infructuosamente que el proyecto vuelva a comisiones) criticó la ley al afirmar que "vulnera" la presunción de inocencia; al tiempo que alertó sobre dificultades en su aplicación.
"Acá estamos dando un paso para adelante, pero en realidad estamos retrocediendo varios para atrás”, dijo el neuquino, y cuestionó que se diga que “los que apoyan están con las víctimas y que los que hacen objeciones están con los delincuentes; es una falacia, una mentira”; en referencia a las aseveración del bloque libertario.
Tras cuestionar el tratamiento en comisiones del dictamen, que consideró fue “irregular”, Parrilli recordó que la ley "fue sancionada, cosa que se olvidaron decirlo, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner”, por lo que reivindicó los resultados la herramienta, pero cuestionó los cambios.
En ese sentido, opinó que deberían alcanzar solamente a “los delitos que tienen más de 6 años de pena”. “Aquí se está vulnerando la Constitución Nacional, la presunción de inocencia” y convenios internacionales, apuntó, al referirse a que se podrá tomar muestra genético no solamente de condenados, sino de imputados y procesados.
Qué cambios propone la norma
Según se informó, el registro incluirá, entre otros, a imputados, procesados y condenados por delitos graves, y permitirá el acceso a datos de personas no identificadas y miembros de las fuerzas de seguridad.
La norma establece que los perfiles genéticos podrán ser comparados para identificar a los presuntos autores y exculpar a personas ajenas a los delitos. Además, será clave para la búsqueda de personas desaparecidas o fallecidas.
El texto aclara que los perfiles de víctimas o familiares de desaparecidos no podrán ser utilizados sin su consentimiento expreso, y que el uso de la información estará sujeto a la Ley de Protección de Datos Personales. Los datos sensibles almacenados, que incluyen nombres, fechas de nacimiento y números de DNI, solo podrán ser consultados por autoridades judiciales en el marco de causas específicas.
La norma prevé sanciones de hasta cuatro años de prisión para quienes accedan o utilicen la información de manera indebida, con penas agravadas para funcionarios públicos.
