Crean una comisión especial para investigar la visita de Diputados a represores condenados
La creación de una comisión especial busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en un caso que ha generado amplio debate en la opinión pública.
Este martes 3 de septiembre a las 16:30, se llevará a cabo una reunión plenaria de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales con el objetivo de dictaminar la creación de una comisión especial. Esta nueva comisión investigará la polémica visita de seis diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, que tuvo lugar el pasado 11 de julio en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza.
El bloque de Unión por la Patria (UP) ha jugado un papel central en la formación de esta comisión, insistiendo en que la presidencia no recaiga en el diputado santafesino Nicolás Mayoraz. En su lugar, se prevé que María Eugenia Vidal, actual vicepresidenta primera, asuma la conducción. Esta decisión se deriva de un pedido formulado por UP en la última reunión de la Comisión de Peticiones, durante la cual Cecilia Moreau criticó fuertemente a Mayoraz por su supuesta implicación en los grupos de chat que organizaron los viajes a la cárcel.
De acuerdo con información de parlamentario.com, la comisión investigadora estará compuesta por 11 miembros: 4 representantes de UP, 2 de La Libertad Avanza, 2 del Pro, 2 de la Unión Cívica Radical y 1 de Encuentro Federal. Una vez elevado el despacho, cada bloque contará con un plazo de 48 horas para designar a sus representantes. Además, la comisión estará obligada a reunirse al menos una vez por semana para avanzar en la investigación.
El dictamen que impulse la comisión, unificado entre las propuestas de UP y el Frente de Izquierda, deberá presentar un informe con conclusiones y recomendaciones en un plazo máximo de 30 días corridos. Este informe incluirá las medidas que la comisión considere necesarias para abordar las responsabilidades y consecuencias del controvertido encuentro.
El escándalo estalló a mediados de julio cuando se supo que los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta se reunieron con represores condenados a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. Entre los que recibieron a los legisladores se encontraban figuras notorias como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda.
La revelación de esta visita provocó una oleada de críticas y conmoción. En su defensa, las diputadas Bonacci y Arrieta alegaron que fueron "llevadas por engaño". No obstante, la situación se complicó cuando se filtró una fotografía de la reunión en la que Arrieta aparecía en el centro de la escena. Este hecho desencadenó una serie de acusaciones internas en La Libertad Avanza, que culminaron con la expulsión de Arrieta del bloque en la Cámara de Diputados.
Tras su expulsión, la diputada mendocina formó un monobloque y, en un intento por defenderse, publicó en X (antes Twitter) una serie de capturas de pantalla de las conversaciones grupales entre los diputados del oficialismo y el padre Javier Ravasi, quien es señalado como el organizador de las visitas. Según estas conversaciones, se estaría preparando un proyecto de ley para permitir que los exmilitares detenidos puedan acceder a la prisión domiciliaria.