Repudian al intendente que ordenó la usurpación ilegal de un comedor
El centro comunitario "La Esperanza", de Tres de Febrero, fue intervenido esta mañana por la Policía Federal sin orden de allanamiento, según se informó. Junto a amenazas previas del jefe comunal, desde la organización denunciaron una persecución política al espacio.
Este jueves, el centro comunitario del barrio "La Esperanza", donde más de 300 niños de Tres de Febrero reciben asistencia alimentaria, fue intervenido por policías municipales que no poseían ninguna orden de allanamiento o denuncia para intervenir el espacio. Según indicaron, el violento episodio fue resultado de la orden ejecutada por el intendente, Diego Valenzuela, quien habría realizado amenazas previas.
"En este momento estamos rodeados por la Policía Federal y Municipal. Hoy entraron violentamente e intentaron usurpar el Centro Comunitario sin ninguna orden de allanamiento ni denuncia que avale esto. Es totalmente ilegal y violento" sostuvieron mediante un comunicado oficial.
En este sentido, denunciaron que "la policía, que debería cuidarnos, se pone a disposición del intendente para desarrollar una persecución política a este tipo de espacios sólo por no adherir a su gestión, que jamás se preocupó por el barrio "La Esperanza", que se hunde en la pobreza y la basura".
En el día de hoy la Policía Federal junto con personal de seguridad del Municipio de Tres de Febrero, Provincia de Bs. As., entraron violentamente e intentaron usurpar el centro comunitario "la esperanza", sin orden judicial, por orden del INTENDENTE DIEGO VALENZUELA. ? pic.twitter.com/5fLHtzt4Mh
— Movimiento Evita (@MovimientoEvita) August 22, 2024
"Valenzuela busca cerrar nuestro espacio con violencia y apropiárselo" advirtieron. "Hace tiempo que venimos recibiendo sus amenazas. Hoy lo concretó con un operativo ilegal, tratando de usurpar el lugar" declararon.
El centro comunitario, que se encuentra a cargo del Movimiento Evita, "brinda un espacio de apoyo escolar, un comedor para más de 300 niños y niñas, ofrece talleres de inclusión laboral y pone a disposición un SUM para el uso de todos los vecinos". Cerraron el comunicado remarcando que "alimentar a los niños y niñas no es un delito".
