El financiamiento universitario se debatirá en la próxima sesión del Senado
Las bancadas opositoras impusieron su mayoría y resaldaron la moción elevada por un senador catamarqueño para tratar la actualización de las partidas presupuestarias destinadas a universidades nacionales.
Los bloques opositores del Senado de la Nación aprobaron la moción presentada por el senador radical de la provincia de Catamarca, Flavio Fama, para que la Cámara alta debata en la próxima sesión el proyecto que aumenta las partidas presupuestarias destinadas a universidades nacionales, que ya obtuvo media sanción en Diputados y recibió el rechazo del Poder Ejecutivo.
"Es un tema que urge al sistema universitario argentino" remarcó el catamarqueño. La propuesta, consideró, "viene a poner un hilo de calma a lo que son los gastos de funcionamiento y los salarios universitarios. No incrementa los presupuestos históricos del sistema universitario argentino, solo asegura la continuidad de los gastos de funcionamiento y los programas especiales (ciencia y técnica, extensión y desarrollo universitario)".
Dos tercios del cuerpo legislativo apoyaron la moción a mano alzada, asegurando la priorización del texto en la próxima sesión del Senado.
Cabe mencionar que el proyecto de ley busca incrementar los recursos financieros de las universidades y los ingresos de los docentes, quienes recientemente llevaron a cabo un paro de 48 horas como medida de fuerza de su plan de lucha por reclamos salariales. Hace una semana, la iniciativa recibió en la Cámara baja 143 votos a favor y 77 en contra.
En este sentido, el documento despachado por Diputados establece que los salarios de los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, deberá ser actualizado al índice inflacionario informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción del proyecto, en caso de efectuarse. Asimismo, a partir de la implementación de la legislación, serán actualizados mensualmente hasta el 31 de diciembre.
La norma, al igual que el proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria, fue rechazado por el Gobierno nacional al implicar un riesgo para la concreción de uno de los principales objetivos de la gestión libertaria, que es el superávit fiscal. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, se someterá a una revisión "toda sanción que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas".
