El campo suma su rechazo al proyecto de indemnizaciones

El proyecto de ley que busca actualizar los montos compensatorios en dictámenes de jucios laborales sumó otro sector detractor. Esta vez, fue la Sociedad Rural Argentina la que mostró su rechazo a la iniciativa de las diputadas Maite Alvado y Soledad Alonso y advirtió las consecuencias que podría generar a los empresarios.

"El incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría de manera significativa en los costos operativos de las empresas, lo que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas, afectando directamente tanto a empleadores como a trabajadores" expresaron en un comunicado.

En este marco, mostraron "preocupación respecto de la reciente media sanción otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires al proyecto de ley que propone una actualización de los intereses en los créditos laborales".

Para la entidad, la disposición obligaría a las empresas agrícolas y ganaderas, pilares de la economía provincial y nacional, obligándolas a reducir la actividad productiva para enfrentar los nuevos costos, así como también tendría su repercusión en las economías regionales. Según indicaron, el sector ya se encuentra en alarma por "los crecientes costos operativos y las dificultades logísticas".

La normativa empezó a tratarse en el Senado bonaerense a principios de agosto, con las bancadas oficialistas pujando por la necesidad de debatir el tema en medio de la crisis económica actual y la ola de despidos que afecta al sector trabajador, pero con varias manifestaciones en contra del resto de los bloques, especialmente el PRO Libertad. Este último incluso organizó un encuentro entre cámaras empresariales y legisladores provinciales para intentar dar marcha atrás con el avance de la propuesta en Diputados.

En línea con la oposición, desde el campo señalaron que "la divergencia entre la jurisprudencia de la Corte Suprema y la propuesta legislativa crea un ambiente de inseguridad jurídica que podría desincentivar la inversión y afectar negativamente el clima de negocios en nuestra provincia". Por los obstáculos que la normativa implicaría para los empleadores del sector agropecuario, pidieron que el Senado "considere detenidamente los posibles efectos adversos que podría generar la sanción definitiva de esta ley".