Institutos de Enseñanza privados reclaman instrumentar la Ley de Educación Nacional
AIEPBA pide por un mayor asesoramiento de parte del Estado a las familias y a las instituciones educativas a la hora de resolver trámites y la eliminación de tantas instancias y agilización de los mismos para hacer reales los proyectos de inclusión.
Según un relevamiento realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA), las aulas de algunos establecimientos llegan a tener hasta siete acompañantes terapéuticos que trabajan con chicos que presentan alguna discapacidad. De acuerdo con la información reunida por esta entidad que nuclea a más de 2.300 institutos de educación “el dictado de clases se complejiza y la burocracia estatal y de las obras sociales convierten los trámites en un engorro tanto para familias como para directivos”.
Y lo que más le preocupa a AIEPBA, según explicaron, es que una normativa con las mejores intenciones que en la cotidianeidad escolar termina desarrollando el paradigma de la “falsa inclusión”, perjudique directamente a los propios estudiantes.
Los diagnósticos de estudiantes con distintas condiciones del espectro autista o trastornos en el desarrollo del lenguaje son cada vez más frecuentes. La Ley de Educación Nacional contempla la inclusión de todos ellos, mientras que la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estipula los procedimientos y recursos para lograr la identificación temprana de sus necesidades educativas, con el objetivo de brindarles atención interdisciplinaria y así lograr su inclusión efectiva desde el nivel inicial.
“De esta manera el Estado garantiza el acceso de los estudiantes con discapacidad al sistema educativo, pero no acompaña brindando las condiciones para que su estadía sea en las mejores condiciones. Urge la necesidad de instrumentar más eficazmente los enunciados de la normativa, la Ley y la buena voluntad de las escuelas no alcanzan para que los chicos reciban la educación que merecen”, reclama AIEPBA.
Previo al ingreso de los acompañantes a las aulas, existe un sinfín de trámites burocráticos para su autorización. Trámites que demoran los procesos de inclusión de los estudiantes. Después de obtener el diagnóstico de discapacidad de sus hijos, que no es un trámite sencillo, las familias salen a buscar un acompañante terapéutico, pero se topan contra un muro burocrático: un sinfín de idas y vueltas en busca de trámites y aprobaciones por parte del Estado y las obras sociales o prepagas.
AIEPBA pide por un mayor asesoramiento de parte del Estado a las familias y a las instituciones educativas a la hora de resolver trámites y la eliminación de tantas instancias y agilización de los mismos para hacer reales los proyectos de inclusión. “Es imprescindible que las obras sociales y prepagas adopten un enfoque más flexible y personalizado ante las necesidades de cada uno de los estudiantes. Lo mismo para los trámites administrativos que deben realizar las escuelas. “Deben ponderar las necesidades de los estudiantes por encima de toda burocratización” reclaman.
En general, los diagnósticos surgen desde niños, en el nivel inicial. Magali Gentiletti, así lo cuenta. “Somos el nivel que detecta estas situaciones, que se pone en comunicación con las familias y sugiere que hagan consultas con los profesionales adecuados. Una vez que llegamos a esa instancia, comenzamos a tejer redes, a trabajar en equipo. Es una situación sumamente difícil que se incrementó notablemente en el último tiempo. Cada año detectamos aún más casos”.
Los acompañantes terapéuticos y los maestros de apoyo a la inclusión son dos actores clave en la inclusión educativa de los chicos con discapacidad, pero cumplen distintos roles, según describió Laura Giorgi, referente de educación especial de AIEPBA.
AIEPBA destaca otro inconveniente al cual se enfrentan los estudiantes con discapacidad, sus familias y las escuelas, la demora en conseguir acompañantes y la baja calificación de los mismos. Debido a la alta demanda, los bajos salarios y la falta de políticas públicas para la formación de estos nuevos profesionales, las obras sociales y prepagas no consiguen personal calificado. En general, terminan contratando estudiantes que recién iniciaron la carrera de psicopedagogía o alguna carrera afín. Es decir, a la situación de superpoblación de acompañantes en las aulas, se suma la escasa formación profesional de los mismos.
Es urgente, plantea AIEPBA para finalizar, regular la cantidad de acompañantes y maestros de inclusión por salón, agilizar los procesos para sus ingresos a las aulas y políticas educativas que fomenten la formación de profesionales idóneos y la capacitación permanente de todos los sujetos involucrados en los lineamientos para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Una muy buena normativa, que la implementación y sus consecuencias son paradojales, los más perjudicados terminan siendo los estudiantes.
