Diputados otorgan media sanción al proyecto que busca declarar la educación como servicio esencial

La Cámara de Diputados aproboó un proyecto de ley que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial". Este proyecto tiene como objetivo asegurar 180 días de clases en las escuelas públicas del país, evitando que los alumnos pierdan días por paros docentes, aunque a su vez, elimina la posibilidad d elos docentes de reclamar por un salario justo.

La iniciativa fue aprobada con 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones. Recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, y otros bloques aliados del oficialismo, mientras que fue rechazado por la mayoría de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

El proyecto establece que la educación, en todos sus niveles y modalidades, debe ser considerada un Servicio Estratégico Esencial, para proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes al garantizar el cumplimiento del ciclo lectivo completo. Según la ley, el Estado Nacional y las provincias deben asegurar la continuidad de las clases durante medidas de acción directa, como huelgas o paros, implementando un sistema de guardias mínimas obligatorias.

Si una huelga se extiende entre uno y dos días, se debe garantizar una guardia mínima del 30% del personal docente y no docente. En caso de que la huelga se prolongue por más de tres días, la guardia deberá aumentar al 50% del personal. Además, cada colegio deberá informar al inicio del ciclo lectivo sobre el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento para asegurar la continuidad de las clases.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, destacó que "este proyecto beneficia a toda la sociedad. Pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga”.

Por otro lado, desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna criticó el proyecto, afirmando que "lo único que busca es regular el derecho de huelga, como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo". Además, expresó su preocupación por la situación alimentaria en el país: "El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición, lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud".

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Por su parte, el diputado radical Julio Cobos respaldó el proyecto, señalando que "tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días".

La diputada del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, expresó su rechazo al proyecto, argumentando que "defenderán la docencia y el derecho a la protesta" frente a quienes, según ella, "quieren prohibirlo".

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro destacó que “al calificar a la educación como servicio estratégico esencial, estamos reafirmando el papel central que deben tener los alumnos y la educación en la construcción de una sociedad más equitativa”.

En contraste, Daniel Arroyo (Unión por la Patria) reconoció que "es evidente que si un alumno tiene más horas de clases va a aprender más", pero consideró absurdo recortar el derecho a huelga como solución, argumentando que "no hay forma de hacer una reforma educativa en la Argentina sin los docentes".

Por último, Héctor Stefani (PRO) resaltó que el derecho preferente en Argentina es la educación de los hijos, mientras que Pablo Carro (Unión por la Patria) opinó que el proyecto es "anticonstitucional" y una expresión de "demagogia del peor populismo de derecha en la Argentina".