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Atanor recurriría a retiros voluntarios y sus empleados temen despidos masivos

Los trabajadores de la empresa de agroquímicos estaban suspendidos desde mayo por una clausura dispuesta por una cautelar de la Justicia. Ante la inhabilitación de la planta, la empresa podría avanzar con los retiros voluntarios y la disvinculación de parte del personal.

Carola Molina
14/08/2024
Atanor recurriría a retiros voluntarios y sus empleados temen despidos masivos

Los 150 trabajadores de la planta productiva de Atanor en San Nicolás atraviesan horas de incertidumbre por la posibilidad de que la compañía impulse un plan de retiros voluntarios, luego de estar inactiva desde el 20 de marzo por una cautelar de la Justicia y suspender a los operarios por tres meses.

La inahibilitación del personal contemplaba que la medida, dictaminada por el Juzgado Correcional Nº3 del Departamento Judicial San Nicolás, se extendiera desde el 11 de mayo hasta el pasado domingo 11 de agosto, pero el plazo fue prolongado una semana a la espera de avances judiciales que aún no se han producido. Por esta disposición, los empleados recibían el 75% de sus sueldos, cifra negociada entre las autoridades de Atanor y el Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP).

En medio de la espera para que la Justicia habilite algunos de los sectores que integran la planta, trascendió que la empresa se vería obligada a ofrecer los planes de retiro voluntario para afrontar la clausura total. Desde Atanor evitaron confirmar esta decisión, pero destacaron la extrema urgencia tras haber "extremado todos los esfuerzos para sostener a nuestro personal".

Sin embargo, Ricardo García, secretario general del SPIQyP, afirmó que "la empresa nos comunicó la decisión de implementar los retiros voluntarios debido a que todavía no hay respuesta de la justicia. Esto lo veíamos venir. Era obvio que se estaban estirando todos los tiempos, y que algún problema íbamos a tener".

La clausura de la planta

Cabe mencionar que Atanor fue clausurada tras la explosión de un tanque mezclador que contenía atrazina, una sustancia altamente tóxica utilizada en la fabricación de herbicidas y pesticidas. El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de marzo.

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La medida cautelar fue impulsada por la jueza Luciana Díaz Bancalari y previamente había sido solicitada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná. El pedido disponía "el cese inmediato de la actividad de la planta hasta tanto no se expidan todos los organismos competentes que determinen fehacientemente que se encuentran dadas las condiciones de seguridad para que la misma continúe operando".

La empresa venía siendo investigada desde años anteriores y vecinos de la zona habían reclamado en ocasiones anteriores la relocalización de la planta, ubicada en una zona urbanizada.

"El sector donde no hubo accidente está cerrado por cuestiones de seguridad por indicación de la doctora Bancalari. La parte del accidente no se sabe cuándo trabajará porque está en una causa penal. No tenemos fecha de cuándo se activará" manifestó García y sostuvo que "no creo que sea posible reubicar la fábrica porque es una infraestructura muy grande, harían falta muchos millones de dólares. No creo que lo hagan".

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