La denuncia contra Alberto Fernández desnudó la doble vara con la que se mide la violencia de género

La denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género evidenció el uso político que algunos espacios realizan de este tipo de situaciones, intentando maximizar el impacto en la opinión pública cuando los responsables forman parte del peronismo, mientras que la actitud es completamente contraria cuando los denunciados forman parte de otros espacios.

El caso del ex presidente inició llamativamente como una denuncia sin denunciante, ya que el escándalo tomó estado público en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión. La justicia revisó el celular de una de sus secretarias y encontró fotos y mensajes de Fabiola Yañez acusando al entonces presidente de haberla agredido físicamente.

Luego, la denuncia fue realizada por la ex primera dama a través de canales digitales, ya que desde hace varios meses se encuentra residiendo en España junto a Francisco, el hijo que tuvo con Fernández hace dos años. Con medidas como la prohibición de salir del país del ex mandatario, ahora la justicia debe avanzar con la investigación para comprobar las agresiones, aunque en el entorno de Yañez afirman que las pruebas que puede aportar son contundentes.

La noticia repercutió con fuerza en los ámbitos políticos, con denuncias cruzadas y algunas apreciaciones particulares, como la que realizó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, según la cual el presidente se sentía "herido en su masculinidad" por el peso de la figura de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el oficialismo también salieron con los tapones de punta contra Fernández, con menciones en redes sociales y hasta comunicados oficiales como el que lanzó la UCR para solidarizarse con la denunciante, reclamando justicia para todas las víctimas de violencia de género. Esta posición políticamente correcta parece colisionar con la conducta exhibida por macristas, libertarios y radicales ante denuncias y situaciones similares que involucraron a integrantes de esos mismos espacios.

Quizá el más brutal de los casos de distinta vara sea el que involucra a Manuel Valdes, ex intendente de la ciudad de Ituzaingó en Corrientes y padre del actual gobernador de esa provincia, Gustavo Valdes. Sobre el viejo dirigente radical pesa una denuncia mediática por violación y un juicio de filiación, ya que Violeta Ester Yegros lo acusó de no reconocer al hijo que tuvo como resultado de esa violación.

A pesar de la denuncia en vivo y en directo de la víctima ante las cámaras de televisión, no hubo comunicado de la UCR, ni repudio del partido, ni mucho menos un pedido de justicia para todas las víctimas de violencia de género. Esto, a pesar de que en medio de la causa por la desaparición de Loan Peña, al menos tres mujeres denunciaron ante los medios acosos y abusos de parte de la familia de Valdes, remarcando que tienen miedo de realizar la denuncia ante la justicia, ya que la provincia desde hace más de 20 años es manejada como un feudo por el radicalismo local.

Tampoco se trata de un caso aislado, y mucho menos es exclusivo de un partido o frente electoral, ya que hace apenas unos días una investigación periodística de Canal 9 demostró que el senador Manuel Atauche, jefe del bloque libertario en la Cámara Alta y tristemente célebre por sus problemas con el alcohol, pagó una fortuna a un grupo de sicarios para que atentaran contra su ex pareja.

"Mirá, sé que manejás mucha gente. Yo tengo 300 mil dólares. Necesito provocar un accidente a mi exmujer y necesito que le pongas cocaína y armas de fuego al abogado de ella", le habría dicho Atauche a quien también fue su puntero principal durante las elecciones del 2023. A pesar de lo escandaloso del caso, no hubo repudio ni comunicados de parte del oficialismo, y mucho menos alguna muestra de solidaridad con la víctima.  Ni José Luis Espert pidió el escarnio eterno, ni Javier Milei emitió palabra alguna a pesar de la posición de privilegio del senador en la estructura del oficialismo.

Pero hay más. En mayo de este año, José Luis Casals, ex candidato a concejal libertario en la ciudad de Santa Elena de Entre Ríos, fue detenido por violencia de género y resistencia a la autoridad, mientras que en la ciudad cordobesa de San Francisco, el presidente de la juventud del PRO, Angelo Cornaglia, enfrenta cargos por abuso sexual, sin que su partido o alguno de sus aliados hiciera manifestación alguna.

En rigor de verdad, el PRO inauguró un escenario de impunidad durante la gestión de María Eugenia Vidal, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, se vio envuelto en una catarata de denuncias por acoso y abuso que provenían desde adentro de su propio partido. Y si bien es cierto que algunas dirigentes del macrismo salieron a respaldar las denuncias, el silencio de la mayoría fue atronador. En aquella ocasión, incluso el peronismo evitó cualquier tipo de manifestación, como si la violencia de género pudiera usarse como moneda de cambio en alguna negociación política.

Alberto Fernández deberá enfrentar las consecuencias de sus actos, como debe hacerlo cualquiera que ejerza violencia de género, indistintamente del espacio político al que pertenezca, aunque esta regla parece que no funciona para algunos que son muy veloces para emitir un comunicado cuando el acusado está vinculado al peronismo y demasiado lentos cuando integran otros partidos, a pesar de las pruebas, las denuncias en la justicia y en los medios, los rostros de las denunciantes y la evidencia empírica abrumadora.

La agresión machista del ex presidente no se debería dejar pasar; la distinta vara de algunos, tampoco.